viernes 5 de febrero de 2010

Honduras La OEA instaló una comisión para investigar el golpe de estado

Con la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, el gobierno de Porfirio Lobo espera que Honduras vuelva a integrar la Organización de Estados Americanos (OEA) y recuperar legitimidad ante una comunidad internacional que sancionó financieramente al país tras el golpe de Estado de Roberto Micheletti.

A conseguirlo podría ayudar el hecho de que uno de los que supervisará el proceso es Víctor Rico, asesor político del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que a su llegada a Tegucigalpa afirmó que van a colaborar en el proceso pero que el retorno al organismo no es una decisión que se tome unilateralmente. “Es un tema responsabilidad de la Asamblea General”, dijo.

Se cumple así uno de los puntos del Acuerdo Tegucigalpa/San José que firmaron en octubre pasado representantes del depuesto Manuel Zelaya y representantes del gobierno de facto de Micheletti. Un acuerdo que quedó completamente desvirtuado porque no se aplicó el punto principal, el retorno de Zelaya al poder.

Desde su exilio en República Dominicana, Zelaya denunció que la Comisión de la Verdad no es suficiente y criticó a la Corte Suprema que dictó “sobreseimiento definitivo a la cúpula militar que ejecutó el golpe”, afirmó el presidente depuesto.

La estrategia puede funcionar y es vital para que Honduras consiga el oxígeno financiero externo necesario para el gobierno que acaba de echar a andar Porfirio Lobo con una sociedad altamente polarizada.

De momento aún no hay nombres, pero según afirmó el coordinador del proceso Eduardo Stein, ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco, la Comisión será “autónoma, absolutamente independiente… de conocida capacidad tanto del pueblo de honduras como a nivel internacional”.

Según el ex canciller Guillermo Pérez Cadalso, será difícil que la comisión sea imparcial. “La población, precisamente porque hay mucha divergencia de criterios, espera que sea una comisión integrada por gente que haga una labor de investigación objetiva, que no tenga sesgo ideológico”, afirmó Pérez Cadalso

Haití " Los niños no tienen seguridad social"

Detenidos por tráfico ilegal de niños, los diez miembros de la iglesia bautista fueron procesados este jueves en Puerto Príncipe por rapto de menores y asociación de malhechores. Tras la audiencia, los inculpados fueron trasladados a los locales de la dirección central de la policía judicial.

En los próximos días, será nombrado el juez de instrucción que llevará el caso y tendrá tres meses para dar su veredicto. Según la legislación haitiana por este tipo de delitos, rapto de menores, los procesados pueden ser condenados a penas que van de los tres a los nueve años de prisión.

Los procesados aseguran que tenían buenas intenciones, que sólo querían ayudar a huérfanos y que para nada pretendían raptar a niños. Sin embargo en el momento de su detención en la frontera con República Dominicana algunos de los niños revelaron que tenían padres y no llevaban ningún documento oficial de adopción.

Washington había pedido que el juicio se celebrara en los Estados Unidos pero el gobierno haitiano se negó. La extradición se podría producir pero sólo después del proceso judicial, según el ministro de Justicia, Paul Denis que recordó que sólo el presidente de la República puede autorizar dicha extradición.

Mientras, tres semanas después del sismo que arrasó la capital haitiana y otras localidades cercanas al epicentro, el gobierno elevó a 212.000 la cifra de muertos en la catástrofe.

El primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, se lamentó de que sólo se hable del juicio a los estadounidenses y no de los damnificados. “hablan más de diez personas que del otro millón que sufre en las calles”, dijo Bellerive.

La situación de los jóvenes tras el terremoto del 12 de enero es muy frágil. Un millón y medio de niños tiene que sobrevivir sin protección social alguna. Así lo denunció, UNICEF, agencia de Naciones Unidas para la infancia.

informe de la trata de blancas en Latioamérica


Informe de la Universidad San Francisco de Quito
Riobamba

Autores

Vanessa Darquea
Jessica Nuñez
Victor Viteri
Mariela Arevalo

Trata de Blancas en Latinoamericanas


El trafico dentro de las Americas a sido menos analizada y entendida que el trafico en otra regiones del mundo. Se conoce muy poco sobre quienes son las victimas, quienes son los traficantes, las rutas y circunstancias o si se diferencia el trafico que ocurre en otras partes del mundo. Según Laura Langberg, espacialista de la Comision Interamericana de Mujeres, America Latina y Africa son las regiones menos investigadas “debido a las cinco C’s: corrupción, colusion, compadrazgo, clientelismo y crimen”.
La cantidad mujeres caribeñas y latinoamericanas que trabajan en la prostitucion dentro de Europa, japon, y estados unidos implica la existencia del trafico sexual. Un estimado de 50.000 mujeres de la republica dominicana y 75.000 mujeres de brazil trabajan en la industria sexual principalmente en Europa. INTERPOL estima que 35.000 mujeres son traficadas de Colombia cada año.
La magnitud de prostitucion infantil en las americas tambien es otro indicador del trafico. La policia de la ciudad de Guatemala reporta que 2.000 ninos son prostituidos en mas de 600 antros en solamente esa ciudad. Niños hondurenos y salvadorenos tambien han sido encontrados en Guatemala, algunos huerfanos del huracán mitch. La Casa Alianza estima que 2000 niñas son prostituidas en San Jose, Costa Rica. Otros estimados incluyen 25000 prostitutos infantiles en la republica dominicana y 500000 niñas prostituidad en brazil, muchas traficadas dentro del pais mismo, muchas de ellas sob abusadas en las minas de oro del Amazonas.
El aumento del turismo sexual en america latina y el caribe tambien indica que el trafico aumentara en estas areas. Casa Alianza reporta que adolescentes de Colombia, reapublica dominicana han sido traficados a costa rica para la prostitucion en lugares conocidos como destinos...

"La trata es un negocio altemente rentable" aseguró Susana Trimarco



Susana Trimarco, madre de Marita Verón y presidente de la Fundación María de los Angeles, junto con el abogado de la entidad Carlos Garmendia, analizaron hoy la situación de la trata de personas en Tucumán y en todo el país. En diálogo con el programa "A las Siete", no dudaron en afirmar que en Tucumán "es escenario para arrancar a las chicas de sus familias". Aseguraron que la trata es un negocio "altamente rentable" que no se puede desarrollar sin el amparo de funcionarios del Estado corruptos y que es permitida por la desidia social. También informaron sobre los avances de la causa de otra joven recientemente desaparecida.

- ¿Un caso reciente ocurrido hace unos días, es igual al caso de Marita?
- La verdad que sí, yo estaba en Buenos Aires cuando ocurrió esto. Me llamó la madre a través de periodistas de La Gaceta, le dije que vaya urgente a la Fundación porque yo no estaba en la Provincia y allí el doctor Garmendia comenzó a trabajar en el caso y gracias a Dios vamos bien encaminados.

- En este caso es fundamental trabajar los primeros días...
- Así es, es fundamental hacer la denuncia y en estos casos les sugiero a los padres que vayan urgente a la Fundación, ya que nosotros tenemos la experiencia, la mía con mi hija, y no debemos perder el tiempo en estas cosas, estamos preparados trabajando con la División de Tratas de Personas, también con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal. Si la sacaron de la provincia, podemos tener acceso rápido ya que Gendarmería y Policía tienen acceso en todo el país.


- Es el accionar de bandas organizadas que hay en el país...?
- Sí, son bandas organizadas que operan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Desgraciadamente en Tucumán tenemos varios delincuentes de estos, en realidad Tucumán es el escenario para arrancar a las chicas de sus familias. Lo hacen de un modo o de otro, no solamente con secuestros. Estas bandas se dedican bajo engaño a sacar las chicas, se hacen los novios, o les ofrecen trabajos de promoción para transformarlas en modelos. También arman conflictos entre las chicas y los familiares, y se aprovechan de esto y las llevan. Cuando uno tiene una denuncia y la persona está desaparecida, no podemos echarle culpa a la víctima. Decir que es una "atorrantita", se habrá escapado con el novio... nada de eso, hasta que la víctima no aparece no podemos decir qué le pasó. Hay que hacer la búsqueda urgente.

- Estas bandas tienen conexiones con el poder, de tal manera que puedan amparar estas acciones que raramente encuentran justicia.
- Y si... aquí en Tucumán el gobernador Alperovich va cambiando las cosas de a poquito, porque aquí en Tucumán la cosa era terrible. A mí me pasó con Marita, porque cuando fui a Casa de Gobierno (en el 2002) la mafia estaba enquistada en la Casa de Gobierno. Ahora veo, gracias a Dios, con nuestra lucha, con el dolor por mi hija, esta lucha ha servido porque todo el país está hablando de este tema. Y todas las provincias se están capacitando y vieron el compromiso de nuestra Presidenta y del ministro de Seguridad. Siempre hay de los buenos y de los malos policías. A los policías corruptos se los conoce a simple vista, aquí en Tucumán nos conocemos y siempre denuncié esto. Así también en la Justicia, algunos políticos corruptos y de a poquitos vamos mejorarndo la calidad de vida de las familias. Trato de aportar para que se desarticule a estas bandas mafiosas.

- Doctor Garmendia, dejo a su criterio que nos puede decir acerca de los avances en la causa de la desaparición de esta menor ocurrida hace unos días...
- En este caso, no se ha actuado lo suficientemente rápido porque la denuncia se hizo en la comisaría y lo que debió haber pasado es que esa comisaría debió haber elevado de inmediato la denuncia a la División Trata de Personas. La División recién anteayer a la tarde toma conocimiento de las actuaciones y ayer el trabajo fue bastante arduo en la Fundación. Ya hay pedidos de medidas judiciales y la estamos buscando para encontrarla lo más pronto posible.

- En cuánto a la rapidez a que usted hace referencia, al nivel de información, ¿usted cree que la gente está enterada sobre a qué comisaría debe ir, dónde queda la Fundación? ¿Qué debe hacer la gente en un caso así?
- Está bien que la gente vaya a la comisaría, si es que lo que tiene más rápido a su alcance. Lo que pasa es que existe una dependencia policial con competencia específica que es la División Trata de Personas, que además son policías que muchos de ellos acompañaron a Susana en la investigación por Marita. Por eso conocen y saben actuar. Por eso falta aceitar el sistema de tal manera, que ante la denuncia ante cualquier comisaría de la provincia por ausencia, fuga de hogar, cualquier situación de que la chica no esté en la casa, en forma inmediata hay que pasar esas actuaciones a la División Trata de Personas. Desde la creación de División de Trata de Personas me informaron sobre los datos que manejan, y me dijeron que desde la creación de junio del año pasado tuvieron 286 casos, de esos 286 solamente dos chicas continúan desaparecidas. Todas las demás fueron recuperadas y por eso hay que apoyar este trabajo.


- ¿ Aunque uno no comparte la división de clases, quisiera preguntarle si la trata de personas solamente afecta a las chicas de clases bajas o también a las de clase alta?
- Por supuesto, todas estas en riesgo porque estos delicuentes ven las chicas bonitas, buscan las chicas de la universidad muchas que vienen de otras provincias, hay denuncias de chicas que son perseguidas por tipos en las calles, de tipos que le ofrecen 2.000 pesos para trabajar en otras provincias. Las chicas vienen a la Fundación y denuncian porque tienen miedo, y me parece bien que lo hagan porque es mejor prevenir. Y son jóvenes de distintas clases sociales. Imagínese, yo sola como mamá, recuperé a 159 víctimas de distintas partes del país buscando a mi hija. Y con la fundación llevamos 287 casos y con Gendarmería y Policía Federal, la Fundación recibe denuncias de todo el país.


- ¿En el caso específico de Marita, hubo avances en la causa?
- En el expediente judicial, en la causa que investiga, está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un recurso de queja que hemos presentado, esperamos la respuesta. Paralelamente hay otra causa, también en la Fiscalía Sexta, que se llama "actuaciones complementarias". Allí donde documentamos la búsqueda actual de Marita y no dejamos de recibir información que nos permite abrir líneas de investigación. Todas esas informaciones hay que investigarlas a fondo.


- Uno de esos casos fue el de La Rioja...
- Claro, esa pista dio negativa y nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, no sólo de nosotros sino de Gendarmería Nacional.

- ¿Cómo funciona el sistema de trata de personas?
- La trata de personas es un negocio ilícito extremadamente rentable. El año pasado estaba rankeado en tercer lugar a nivel internacional, debajo del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Hoy está, de acuerdo a nuevos estudios de los Estados Unidos, en el segundo lugar. Al ser tan rentable y atentos a la características de la trata, personas que las secuestran, personas que la trasladan, personas que las reciben, que las explotan y luego las venden, todo este sistema no funcionaría sin la corrupción de los funcionarios del Estados, de los tres poderes, funcionarios corruptos de los poderes municipales, provinciales y nacionales, de eso no hay ninguna duda. Pero también es fruto de la desidia social y la falta de compromiso de la sociedad en este tema: donde hay un prostíbulo hay un 99 por ciento de posibilidades de encontrar una chica en situación de trata o de explotación. Si la gente sigue consumiendo la prostitución, el producto de este negocio ilícito la trata va a seguir siendo un negocio rentable. Por lo pronto el Estado debe hacerse cargo de este tema, de hecho Tucumán lo ha hecho como pionera con la creación de la División de Trata de Personas, pero también eso tiene que ir acompañado por la conciencia social para no demandan la prostitución. .

- Susana estoy convencida que Marita va a aparecer en cualquier momento, qué mensaje le dejarías a nuestros televidentes...
- Yo les pido a todos los padres y madres de nuestra provincia, que cuiden a sus hijos, que vigilen, que sepan por quién estan rodeados. Y a los chicos, a los adolescentes y no adolescentes, les digo que avisen a sus papás cuando estén en riesgo, porque ellos son los únicos que los aman. Voy a seguir luchando por Marita...

Trata de Blancas y prostitución, Susana Trimarco sigue buscando a su hija Marita Verón


Marita Verón era una chica tucumana que a los 23 años de edad encaraba la vida con decisión y muchas esperanzas alimentadas desde su formación cristiana, con trabajo y la mira puesta en un futuro de plena realización personal y familiar. Pero un día salió de su casa para una consulta ginecológica y nunca más regresó.

Sus padres comenzaron una búsqueda empecinada y sin descanso pero hasta hoy sin resultado positivo. Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado la existencia de una red de secuestro de chicas y su posterior sometimiento a la explotación sexual.

A raíz de la investigación se han rescatado en La Rioja diecinueve jovencitas que eran mantenidas prisioneras y se las obligaba a postituirse en las eufemísticamente llamadas "whiskerías" y que no son otra cosa que prostíbulos. No obstante ser todo esto de conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema. Es más, cuando un funcionario puso crudamente el tema a la consideración pública, fue echado del Gobierno mientras los regentes de los lupanares eran recibidos en los despachos oficiales para buscar una solución al "grave problema social" que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su fuente de trabajo.

La cara oculta de la feliz "La trata de blancas y explotación sexual"






Cámaras ocultas desnudaron una realidad que existe, pero que funcionarios y jefes policiales, parecieran no ver: la situación de esclavitud y explotación en los privados de la ciudad. Una presentación exclusiva de El Atlántico.-

La fundación Alameda, que dirige su lucha contra el trabajo esclavo, presentará hoy una denuncia penal ante Procuración de la Nación y la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Solicita que se investigue la responsabilidad de autoridades policiales y funcionarios comunales en los delitos de trata de mujeres, su explotación sexual y sometimiento a servidumbre.
Cerca de 400 prostíbulos encierran en Mar del Plata a unas 4000 mujeres y adolescentes que ofrecen sus cuerpos a cambio de algunos billetes. Son explotadas y esclavizadas. Cada año, se denuncia la desaparición de cerca de medio millar de jóvenes. Ellas, en su mayoría adolescentes, son reclutadas por las redes de prostitución y convertidas en esclavas sexuales. Pero el círculo no se cierra fronteras adentro. En privados de la ciudad las jóvenes rescatadas son, en un mayor número, paraguayas y dominicanas. El engaño, las amenazas y hasta la violencia se conjugan con la vulnerabilidad de las víctimas, cuya situación social y económica las obliga a buscar nuevos horizontes, lejos de sus casas, sus afectos, en lugares cerrados donde las caricias valen dinero.
Una notable investigación de la fundación Alameda, que dirige su lucha contra el trabajo esclavo cualquiera sea su escenario -talleres textiles, el campo o los prostíbulos de las grades aglomeraciones-, sacó a la luz la explotación a las que son sometidas las mujeres que se prostituyen en los privados de Mar del Plata. Ellas están ocultas, encerradas, sufren los maltratos de proxenetas y también de algunos “clientes” o “prostituyentes”. Se sabe que están allí: es escandalosa la publicidad de los prostíbulos en diarios y en la calle a través de panfletos que cubren las ventanillas de los automóviles, que se estacionan en el centro o los principales corredores nocturnos. Sin embargo, quienes podrían actuar, no actúan: ni autoridades policiales ni políticas de la ciudad.
En la Argentina está prohibido el establecimiento de casas “donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”, según detalla el artículo 15 de la ley 12.331. Pero existen. Según denunció Alameda, serían 400 los prostíbulos en la ciudad, que se concentran en la zona de La Perla, donde tiene jurisdicción la comisaría primera. Los allanamientos de la fuerza son aislados e incluso los privados que son cerrados, suelen volver a abrirse pocos días después. Un caso paradigmático es la “Casita Azul”, cuya causa está en curso, está pedida la elevación a juicio e incluso hay detenidos -uno era efectivo de la policía bonaerense-, pero continúa con sus puertas abiertas.
Hoy, a primera hora, se presentará una denuncia penal ante el Procurador de la Nación, Esteban Righi, quien en diciembre último recibió personalmente una denuncia -también de Alameda- por más de 600 prostíbulos que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación será acompañada por una movilización que nucleará a grupos feministas y cartoneros del Movimiento Trabajadores Excluidos. El requerimiento de investigación también llegará a la Fiscalía Federal de Mar del Plata: el listado es de casi un centenar de prostíbulos, entre privados y wiskerías.
Piden la investigación de la “eventual responsabilidad” de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que “el funcionamiento público y notorio de esta red, no pudo pasarles desapercibida, como tampoco el irregular cumplimiento de la legislación penal”.
También sugieren que se investigue la “eventual responsabilidad” de las autoridades municipales por las obligaciones que les caben “en virtud del deber de tutelar la seguridad, moralidad e higiene de los locales comerciales”, especialmente los funcionarios de Inspección General.
Además, el escrito solicita “medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas”. Las jóvenes, en su mayoría, llegan a los privados, después de engaños y malos tratos desde República Dominicana, Brasil y, en particular, Paraguay. La situación de vulnerabilidad, estar lejos de sus casas e inmersas en la pobreza, plantea un escenario complejo. “El Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización”, detalla la denuncia.
El escrito presentado detalla el funcionamiento de tres locales que aparentan una actividad comercial lícita como boliches o wiskerías, pero que ofrecen cuerpos de mujer y hasta drogas; y de siete privados donde un hombre o una mujer se convierten en dueños de las jóvenes y sus voluntades. En la red de locales denunciada se ejerce ostensiblemente la prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual y la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio.
BAJO EL AMPARO POLICIAL
La complicidad de la policía con los lugares donde se encierran, explotan y prostituyen mujeres fue denunciada en reiteradas oportunidades. Incluso, el titular de la fiscalía de Trata de Personas, de la Procuración General de la Nación, Marcelo Colombo, denunció en una nota publicada por El Atlántico en marzo del 2009, protección municipal, judicial y policial sobre las redes de trata y explotación sexual.
Lamadrid 2119. Una wiskería con nombre amigable invita a pasar, aunque un hombre de seguridad custodia la entrada. Está justo en frente al Hotel Provincial. A escasos metros está la subcomisaría Casino, donde supo ser titular Gustavo Salvá, hoy jefe distrital Centro. Según consta en la denuncia, el policía abogado entregó al grupo Alameda un listado con cerca de 250 privados de la ciudad que fueron allanados. Según la policía en el departamento C del octavo piso del edificio de Gascón 1630, funcionaba un prostíbulo. Pero no existe tal departamento, no llega el octavo piso a tal letra.
Todos estos prostíbulos fueron encubiertos con fallas contravencionales, cuando en verdad se estaban cometiendo delitos federales, como faltas a la ley de profilaxis, que pena y castiga no sólo a los privados, sino también a los proxenetas, quienes comercian los cuerpos de mujer.
En Sarmiento 2816 se alza un prostíbulo que quedó registrado en las cámaras que representantes de Alameda, dispuestos a testificar en la causa, trajeron a Mar del Plata en los últimos dos meses. Está en diagonal a la vieja terminal de ómnibus, donde hace base el Operativo Sol, de la policía bonaerense. Está también a unos 150 metros de la delegación de la Policía Federal y a pocas cuadras de la comisaría segunda. “Las sospechas de complicidad se profundizan al constatar, cómo puede verse también en la videograbación, que tanto un taxista como dos prostitutas mencionan abiertamente la complicidad de la Policía Bonearense”, señala uno de los testigos, de identidad reservada.
En uno de los cuartos del prostíbulo, conversó con una joven que trabaja allí dentro 13 horas diarias.
- Las chicas están las 24 horas -dice ella.
- ¿Cómo las 24 horas? -pregunta el joven de la cámara oculta.
- Viven acá adentro.
- Son las que vienen de afuera, ¿no?
- Claro, ellas dos son paraguayas.
- ¿Cómo 24 horas? ¿No duermen?
- Claro, duermen y se despiertan cuando viene gente.
- Así están esclavas…
- Hay que aguantar cada cosa…
- ¿Sí? ¿Cómo qué?
- Enfermos down, borrachos, drogados, que te traten mal -enumera con la voz de quien lamenta una situación de la que no puede escapar.
La denuncia sostiene que “los dueños y encargados de los prostíbulos denunciados no sólo habrían promovido o facilitado la trata interna y externa de personas con el fin de beneficiarse con la explotación de su prostitución sino que además habrían contado con la aquiescencia de las autoridades policiales”.
Y añade: “Las conductas de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331, de la ley 25.871 y 26.346, hubieran omitido tomar medidas para contenerlo, no serían susceptibles de ser consideradas una mera negligencia o inoperancia sino participación en graves hechos delictivos”.
El escrito recuerda que la ley les atribuye a los funcionarios policiales la misión de proteger a las personas de la trata con fin de explotación sexual comercial, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331.
“Esta clase de situaciones -asevera- no podrían ocurrir sin el conocimiento y la aquiescencia de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya eventual responsabilidad debe ser investigada en la causa que se forme”.
El abogado Mario Ganora, quien hoy realizará la presentación ante el fiscal Daniel Adler, consideró que “la prueba más evidente consiste en la documentación aportada por la propia policía en las planillas que se adjuntan, en las que se revela que cuando se advierte el funcionamiento de una casa de prostitución no se abren las actuaciones por la comisión de los delitos previstos y reprimidos en la ley 12.331, sino causas contravencionales que dejan impunes a los proxenetas”. De esta manera, sostuvo, se naturaliza el proxenetismo, “caldo de cultivo para la trata y la reducción a la servidumbre”.
Los rostros anónimos de las jóvenes que trabajan en los prostíbulos tienen nombre e historias. En su mayoría, son víctimas de la trata de personas. Son traídas hasta Mar del Plata mediante engaños -se les ofrece otro trabajo u otras condiciones para la prostitución-, mediante el uso de violencia o amenazas. Los clientes que desfilan a diario son testigos de su situación. Pero hay silencio. También callan autoridades policiales y funcionarios municipales, que tienen las herramientas y la responsabilidad para ir contra las redes de trata y explotación sexual. Las cámaras ocultas desnudan una realidad que no puede seguir escondiéndose.

Fuente: Belén Cano
bcano@diarioelatlantico.com