
Tras los rumores que circularon la semana pasada en los medios locales de Honduras sobre el encuentro del gobierno de facto de esa nación y el Secretario General de la OEA, José Manuel Insulza, este viernes Roberto Micheletti admitió en rueda de prensa que se reunió con el funcionario del organismo internacional.
Esta reunión secreta contradice las medidas tomadas la semana pasada cuando las delegaciones de paises mediadores no fueron recibidos.
Recordemos que el gobierno de facto hondureño impidió el domingo pasado la entrada al país de cuatro funcionarios de la Organización de Estados Americanos,OEA, y de la embajada de España que iban a participar en una posible mediación que aliviara la crisis política que azota a la nación, tras casi tres meses del golpe de Estado que sacó al presidente legítimo Manuel Zelaya del poder.
Asimismo anunció que no recibirá a los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela, países que rompieron sus relaciones diplomáticas con el régimen, "salvo -dice el comunicado- que sus respectivos Gobiernos procedan a negociar con la cancillería de la república el restablecimiento de las mismas".
La próxima semana diplomáticos Brasileros se trasladaran a Honduras para certificar las violaciones ejercidas sobre esa sede diplomática.
Manuel Zelaya aseveró que últimamente ha aumentado la represión del gobierno de facto hacia el pueblo hondureño, mientras que su propuesta de diálogo ha sido menospreciada y pisoteada por los golpistas. El presidente legítimo de Honduras se encuentra en su nación, alojado en la embajada de Brasil, sin poder ejercer su función.
El Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada para de DDHH de la ONU, Navi Pillay, que presente un informe sobre las violaciones cometidas en Honduras, para presentarlo ante el Consejo y en la Asamblea General de la ONU. Asimismo, piden que se restablezca la democracia en la nación, tras el golpe de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó este martes la suspensión de las garantías constitucionales decretadas durante 45 días por el régimen golpista de Honduras, considerándola como violatoria del derecho internacional.
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