GRAVE AMENAZA A LAS LIBERTADES DE LOS BONAERENSES. LA DEMOCRACIA MALHERIDA.
El proyecto del nuevo Código de Faltas del Gobernador Scioli y su Ministro Stornelli amenaza gravemente las libertades y derechos de los bonaerenses, atacando los fundamentos de nuestra democracia.
La iniciativa no sorprende. Desde la asunción del gobernador, la política en materia de seguridad retornó a las propuestas de “mano dura” y mayor poder para la estructura policial, afirmando que de esta manera se reduciría el delito y la violencia en la calle. Pidieron “mayor poder de fuego” y que la policía ganara las calles.
Hoy, a consecuencia de esa política, se han hecho habituales prácticas policiales cada vez más violentas y violatorias de derechos y garantías constitucionales. El retorno de los procedimientos masivos de detención de personas (razzias) y el uso cada vez más extendido de las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad son un reflejo del amplio margen de arbitrariedad que se ha depositado en la fuerza policial más grande, politizada, corporativa y corrupta del país.
En esta dirección se inscribe el nuevo proyecto de Código de Faltas, inconstitucional por donde se lo analice y pensado para una sociedad que dejó de existir hace 100 años. Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad.
Mientras el gobierno nacional impulsa la asignación universal para estos sectores, el gobierno provincial propone darle más poder a la policía para que los encierre.
Este proyecto de Código, más autoritario que el actual (que fuera sancionado por un gobierno militar), otorga más facultades discrecionales y arbitrarias a la policía bonaerense.
Con el nuevo Código se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, “trapitos” o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas.
Pero además afecta la vida de todas las personas, prohibiendo y castigando con arresto las despedidas de solteros y recibidas de estudiantes donde se saque parte de la ropa o arrojen sustancias que afecten su aspecto, se tome cerveza o se juegue al fútbol en la plaza o las veredas, tirar agua durante el carnaval o llevar una llave sin poder explicar su tenencia. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle o gritar en su propia casa.
Como si esto fuera poco, apunta al corazón de la democracia reprimiendo las manifestaciones públicas: se podrá detener a los que participan en marchas o reunión de personas, los que escriben graffitis y leyendas, los que pegan carteles en lugares no autorizados, los que se reúnen “tumultuosamente”, los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También los que insulten en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la “decencia pública”.
La locura punitiva desatada por el gobierno provincial arrestará también a los comerciantes que les vendan bebidas alcohólicas a los mayores de 18 años y contribuyan con ello a su borrachera, a los integrantes de clubes o asociaciones que realicen espectáculos públicos sin cumplimentar con todas las medidas municipales, provinciales y nacionales de seguridad, a quienes hagan ruidos o toquen campanas que afecten la tranquilidad de la población y a los padres cuyos hijos menores dejen la escuela.
A los que no puedan pagar las elevadas multas (por ej. más de $ 7.000 para un cuidacoche), la misma se convertirá en arresto. Vuelve la prisión por deudas del derecho romano.
La reforma crea la figura del juez contravencional en cada municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Este funcionario administrativo tiene facultades para imponer penas privativas de la libertad, que pueden ir hasta 1 año de arresto y disponer allanamientos e internaciones de alcohólicos sin plazo alguno. Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial. En tiempos de crisis, donde la provincia no paga planes sociales o becas, se crea una nueva burocracia administrativa y más cárceles para contraventores en cada municipio.
Además hace realidad un sueño del gobernador Scioli bajando la edad de imputabilidad y permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años.
Demuestra también un desprecio inmenso al derecho internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina” ordenó al Estado argentino que garantice la no repetición de hechos como la muerte sufrida por Walter Bulacio originada en una razzia policial, adoptando medidas legislativas necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos (como la necesidad de orden judicial previa para privar de la libertad a una persona). También cuestionó las prácticas y las normas que facultan a las policías de todo el país a detener personas arbitrariamente por contravenciones.
El gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia.
Fuente: Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIACoordinadorCOMITE CONTRA LA TORTURACOMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
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