CAUSA CAMPO DE MAYO
La fiscalia pidió hoy 25 años de prisión para el ultimo dictador y una pena similar para los ex jefe de la guarnición de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, a quienes imputó medio centenar de desapariciones forzadas de personas en el juicio oral y público ante el Tribunal Oral federal 1 de San Martin.
Al cabo de dos días de alegato, los fiscales Marcelo García Berro, Augusto De Luca y Juan Murray pidieron una pena similar para el jefe de la guarnición en 1976, general Santiago Omar Riveros y su jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen.
Se trata de pedidos de penas similares a los hechos días atrás por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annichiarico, y la abogada Alcira Ríos, las primeras dos querellas que alegaron de las seis presentes en este juicio.
Los fiscales reclamaron, además, penas de 20 años de prisión para el ex jefe del batallón 601 de inteligencia militar, Alberto Roque Tepedino; de 14 años para el entonces jefe de la escuela de infantería, general Jorge García y 12 para el jefe de la escuela de logística, Eugenio Guañabens Perelló.
En cambio, para el comisario bonaerense Germán Montenegro, jefe de la comisaría de Bella Vista por donde pasaban muchos de los secuestrados antes de ser trasladados a los cuatro centros de detención ilegal de la guarnición, los fiscales pidieron 2 años de prisión en suspenso.
Los siete imputados habían escuchado en la sala los primeros alegatos pero hoy consiguieron una excepción pedida por sus defensores oficiales y el banquillo de los acusados quedó vacío.
El representante del Estado nacional había solicitado también 25 años de prisión para Bignone y otros cinco generales por considerarlos penalmente responsables de desapariciones forzadas y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos en Campo de Mayo.
El querellante oficial había solicitado, además, igual pena para el entonces comandante de Institutos Militares, Riveros; para el jefe de la escuela de infantería, García y para el jefe de inteligencia de la guarnición, Verplaetsen para los que la fiscalía pidió distintas condenas en años.
Sólo se juzgan delitos contra 56 víctimas, una porción ínfima de las 5 mil que se estima pasaron por la guarnición, donde funcionaron cuatro campos de prisioneros con escasos sobrevivientes.
El principal delito imputado a los acusados es el de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", correspondiente a las desapariciones forzadas, ya que como nunca se encontraron los cadáveres, no pueden ser acusados por homicidio, con penas previstas de hasta reclusión perpetua.
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