Las Fuerzas Armadas en Latinoamérica Informes Especiales

De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 6

Líneas de fallo en América Latina democrática* En toda América Latina hay dos líneas que influyen en el proceso de consolidación de la democracia. Hay que recordar que la democracia reestablecida en los años ochenta coincidió con una década de crisis económica y de programas de ajuste estructural.
En el lenguaje de las instituciones de las Naciones Unidas, este período llegó a ser denominado como “La década perdida para América Latina”. Efectivamente, fueron años de re-estructuración económica y social con grandes consecuencias para las clase media, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural.

La pobreza aumentó y se generó la exclusión crónica de grandes segmentos de la población. La pobreza, una característica del ámbito rural sobre todo en la primera parte del siglo veinte, comenzó a manifestarse con amargura en la segunda mitad del siglo pasado en las ciudades, y sobre todo en las grandes metrópolis de los países latinoamericanos. La exclusión masiva y probablemente generacional en el ambiente urbano empezó a ser sinónimo de conflictos sociales, disturbios del orden social y radicalización política.

Relacionada con la cultura de la pobreza y la orientación política de los excluidos, existe una profunda desconfianza expresada en la variedad de publicaciones del Latinobarómetro, frente a las instituciones formales de la democracia tales como el parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las Cortes, hasta los sindicatos laborales. En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de la exclusión social es el desgaste del orden civil, político y público.

La urbe
La manifestación de nuevas formas de violencia no se explica por la existencia de regímenes dictatoriales o el funcionamiento de estados de terror, sino por la actuación de nuevos actores armados no estatales. Quisiéramos enfatizar que mucho de los problemas por analizar se encuentran básicamente, aunque no exclusivamente, en el ambiente urbano. Algo lógico si se tiene en cuenta el hecho que tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos vive en ciudades. Más aún, el ambiente urbano es donde se presenta, primero, la mayor concentración de la pobreza nacional y, segundo, la brecha social más grande y más resentida entre el bienestar de las élites e integrantes de las clases medias, y la precariedad de los pobladores de los barrios populares, de las comunas, de las barriadas, de las villas, de las favelas, donde se encuentra el denominador común de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la marginación de manera aglomerada en el sentido económico, social y espacial.



Pobreza urbana, desborde popular y la erosión del orden social formal
El PNUD lanzó en 2004 la idea de “ciudadanía de baja intensidad”, coincidiendo con la pobreza urbana y la informatización de la economía. Desde Monterrey en el norte de México hasta Puerto Montt en el sur de Chile, los informales y los auto empleados invadieron el espacio público en las calles. Invadieron, literalmente, los anillos de miseria que rodean los cascos urbanos. Al comienzo del siglo XXI, América Latina es el continente donde las partes más significantes de la población, en algunos casos constituyendo la mayoría, son a la vez pobres, informales y excluidos.

La informalidad tiene también un rostro étnico. La etnicidad es un factor de disposición. Entre los mecanismos de supervivencia predominan lazos de etnicidad y de religión, relaciones de familia (reales o simbólicas) y de cercanía, en referencia al lugar de nacimiento o de pertinencia a los barrios populares. La economía y la sociedad informal están excluidas de un empleo estable, de un ingreso regular, de los sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales que suministran necesidades básicas como por ejemplo una vivienda.

Entre 1980 y 2002 el porcentaje de pobres en América Latina subió de un 41 hasta un 44%, de pobres urbanos de un 30 hasta un 38%, de pobres rurales de un 60 hasta 62%(CEPAL, 2006: 64). La pobreza hubiera sido todavía más grande sin los consecuencia de la migración externa y por tanto de las remesas familiares en los últimos quince años. El flujo de remesas a la región representó en 2004 alrededor de 45 mil millones de doláres, cifra superior tanto a la inversión extranjera como a la asistencia total de los donantes. Además de fuerte un crecimiento en comparación con el año 2001 cuando el total de las remesas en América Latina era un poco menos de 25 mil millones de doláres.

En el cuadro 1 se presentan datos sobre la consolidación de la economía informal, y del orden social y cultural informal en la región. Estas cifras indican un proceso de descomposición de la clase, y la reestructuración del orden social en toda América Latina.

Sectores económicos paralelos, jerarquías sociales paralelas y estructuras institucionalesparalelas se originaron en la formalidad y la informalidad, resultando en un orden económico, social, político y cultural múltiple, girando alrededor de la división de la riqueza y pobreza, de la integración y la exclusión.

Cuadro 1: Estructura del empleo urbano en América Latina, 1990-2003 (porcentajes)


América Latina 1990 América Latina 2003

Sector público 14, sector privado 43 Sector público 14, sector privado 40

Autoempleados 22 Autoempleados 24

Empleados en microempresas 15 Empleados en microempresas 16



Servicio doméstico 6 Servicio doméstico 7

Fuente: elaboración de datos de OIT (2004: 97 - 101)
En palabras del antropólogo peruano Matos Mar (2004 [1984]), esta situación de pobreza y de exclusión está provocando un desborde popular. En su ensayó analiza el colapso de las instituciones que tradicionalmente funcionaron como el sostén del orden democrático: la decadencia de los partidos políticos, el desgaste del status del poder legislativo y del sistema judicial, el colapso, de los anteriormente poderosos, sindicatos de los trabajadores y el debilitamiento de las demás entidades de la sociedad civil como las cámaras de industria y comercio y los colegios profesionales de médicos, abogados, ingenieros etc.

Del desborde popular al desborde de la violencia: Exclusión, inseguridad y violencia.
La ciudadanía informal tiene un rostro violento. La violencia no está solamente arraigada en la vida diaria de los pobres, sino que también era o es una característica de las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica y de los países andinos. Colombia y Guatemala son, tristemente, dos ejemplos de cadenas de causalidad entre la violencia generalizada a nivel nacional con territorios de paz a nivel local. Sin embargo, la violencia nacional se ha traducido en múltiples formas de violencia a nivel local.

La Guatemala posbélica es atormentada por nuevas formas de violencia causadas por bandas juveniles, ex-fuerzas paramilitares que buscaron empleo en la criminalidad, y ex-fuerzas militares y de la policía que se refugiaron en la criminalidad y el trafico de drogas. En Colombia se ha institucionalizado el desborde de la violencia durante los últimos treinta años. El conflicto político también ha tenido consecuencias para la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la criminalidad local. La guerra civil en este país está reproducida a escala en las micro-guerras de las áreas metropolitanas y las comunas urbanas.

La proliferación de las mini-guerras y de los actores armados (urbanos) involucrados en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes legales de la ley y el orden en áreas especificas. Es interesante puntualizar que en este contexto de violencia y de mini-guerras por el control sobre pequeños territorios (urbanos), las fuerzas armadas no desempeñan un papel significante.

Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía privada, guardianes privados nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazgos particulares, escuadrones especiales de protección, fuerzas inconfundibles de protección del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de muerte. Además, también podemos mencionar los nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante o el drug lord, quien da ordenes para los ajustes de cuentas, pero funciona también como proveedor financiero de las ONG en su territorio. En este contexto también hay que analizar el nuevo papel de las bandas juveniles criminales (maras) en Centroamérica.

En El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua las maras son oficialmente consideradas como amenaza principal de la seguridad nacional. Decenas de miles de jóvenes entre 12 y 30 años de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, que tienen una presencia nacional macabra, por ser responsables de un 20%(en Guatemala) y un 45% ( en El Salvador y Honduras) de los homicidios del año 2003. En 2004 los presidentes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo para unir esfuerzos y combatir la violencia criminal juvenil, en operaciones conjuntas entre ejército y policía nacional.


Conclusiones
La exclusión social y los fenómenos asociados, como la pobreza, la discriminación y la informalidad conforman un contexto productivo para que puedan surgir la violencia y el terror en los segmentos pobres, marginados, separados de las metrópolis y las conglomeraciones urbanas grandes. El informe del PNUD (2004), citado anteriormente, sobre el estado de la democracia en América Latina, que hace uso de una gran encuesta por el mismo Latinobarómetro, nos informa que a fecha de hoy la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que llegara encontrar una solución para la pobreza masiva. Esto contribuye a preguntarse sobre la estabilidad del orden político que implica la existencia de una ciudadanía de segunda clase.

La pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginados urbanos. Los distintos segmentos de la población de América Latina sobreviven con una economía y sociedad informal donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático. La violencia crónica, contribuye a la destrucción de la legitimidad del orden político. Es paradójico que algunos gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas, han aceptado una coexistencia pacífica con los actores -no estatales- de la violencia, mientras que ellos no constituyan públicamente una amenaza para las autoridades políticas. La pregunta clave es, cuánto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada en este precario equilibrio, entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia.


De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 5

Ejércitos irregulares: fuerzas paramilitares* Las fuerzas paramilitares entran en combate sin pertenecer a los ejércitos regulares propiamente dichos. Sus funciones pueden ser dos: servir de tropas auxiliares (y actuar como fuerzas de soporte) o servir para ejecutar actividades para combatir fuerzas de guerrilla y atemorizar a la población -que simpatiza con esta guerrilla- durante campañas de contrainsurgencia. Por lo que actúan como tropas de choque disfrazadas bajo nombres como “fuerzas de autodefensa” o como “defensa civil contra el terrorismo”, o simplemente como escuadrones de muerte enmascarados, como organizaciones de contra-guerrilla.

En este último caso el gobierno de turno o los estamentos militares superiores suelen negar su responsabilidad y formalmente toman distancia de la actuación de estas fuerzas. En casi todos los países de América Latina donde han habido guerras de guerrilla o conflictos armados internos se ha utilizado, de un modo u otro, a instituciones paramilitares con mayor o menor relación con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, con las élites locales o con agrupamientos políticos. En este capítulo prestaremos atención a tres casos ejemplares: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en Guatemala y las Rondas Campesinas del Perú.


Las fuerzas paramilitares en Colombia
Tienen su origen en agrupamientos locales, financiados por las élites locales, para ofrecer “protección” contra el secuestro o la extorsión (por concepto de “impuestos de guerra”) de las diferentes vertientes de la guerrilla colombiana y, en general, para contrarrestar la influencia de las fuerzas insurgentes. Entre los que financiaban a los paramilitares se encontraron terratenientes, empresarios agropecuarios, ganaderos adinerados, mafias esmeralderas y narcotraficantes. Reclutaron entre los ex-licenciados pobres de las Fuerzas Armadas, que acabaron de terminar su servicio militar y que preferirían una prolongación de la profesión armada como miembros de pequeños ejércitos privados. También se insertaron otros profesionales de armas ([ex-] oficiales de la policía, [ex-] oficiales militares) y quienes habían sido introducidos a las armas y a la violencia por medio de bandas criminales o de protección de contrabandistas y narcotraficantes. A finales de los años ochenta muchos de estos grupos tenían una creciente alianza con capitales ilícitos. Se estimaba por ejemplo que en estos años el 70% de las actividades del grupo, alrededor de Carlos Castaño -principal líder de los paramilitares entre 1997 y 2004- provenía de la narco-economía.


En 1968 el gobierno colombiano promulgó una legislación específica para la creación de grupos de autodefensa bajo el auspicio de las Fuerzas Armadas. Los primeros grupos de tal “autodefensa” nacieron en la parte noroccidental de Colombia (Córdoba y Chocó). La línea entre la autodefensa, el ajusticiamiento, la extorsión y el terror ha sido siempre muy delgada. En 1981 carteles de narcotraficantes en Cali anunciaron en la prensa local la creación de grupos armados que combatirían la “delincuencia” y matarían a los familiares de quienes atacaran los secuestros de “empresarios”. Durante los años setenta estos múltiples conjuntos paramilitares se asociaron en entidades regionales, la mayoría de ellos directamente asociado y financiado por la economía clandestina. En abril de 1997 se creó una entidad nacional centralizada, llamada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentándose como confederación política–militar como antítesis de las organizaciones guerrilleras. Las AUC se presentaron también con portavoces políticos y militares mediante sus líderes. Como Carlos y Fidel Castaño, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez. Su coexistencia pacífica con las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de la policía, siempre han sido tema de controversias. En efecto, las fuerzas paramilitares, servían como instrumento por excelencia para combatir la fuerza guerrillera , aunque también como un instrumento irregular. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de la policía funcionarían de manera nítida en el ambiente formal del orden y la ley.

Evitando discrepancias
Es interesante saber que los combates directos con la guerrilla han sido relativamente escasos. En general las dos fuerzas evitaron confrontaciones entre si, limitándose a operar dentro de “sus” territorios y atacando solamente fuerzas de adversarios menores o preparando emboscadas. Buena parte de las actividades de las AUC estaba dedicada a la economía subterránea, como el tráfico de drogas, de armas o en el contrabando. En vez de enfrentarse frontalmente con la guerrilla seguían desarrollando operaciones de pequeña escala pero de carácter continuo, como los secuestros o la extorsión a pequeños comerciantes y empresarios. Gracias a su inserción dentro de la economía clandestina han adquirido propiedades de tierras agrícolas y ganaderas, en un proceso de contra reforma agraria. Es asunto controvertido es el grado de influencia o de infiltración en las fuerzas del orden, especialmente en el DAC, el equivalente colombiano de la CIA.

Además, se estima que los líderes paramilitares también utilizan la influencia política, directa o indirectamente, habiendo mantenido un buen número de municipios bajo control en “sus” regiones y pudiendo contar con gobernadores, alcaldes y diputados.(1)

Se sospecha –en base a informes periódicos de instituciones de Naciones Unidas y de ONGs de protección de los derechos humanos- que las AUC y las asociaciones paramilitares regionales y locales en las décadas anteriores, también han contribuido en asesinatos políticos de civiles considerados “adversarios”, ya sea por simpatía con la guerrilla o por no compartir una “ideología correcta”. También los refugiados de guerra fueron perseguidos como “aliados de la guerrilla”. Según fuentes oficiales de parte del gobierno, el 79% de los muertos y desaparecidos de la población civil víctimas de la guerra entre 1993 y 2000 viene por cuenta de las fuerzas paramilitares; el 16% se debería a las actividades de la guerrilla y 5% a las de las fuerzas del orden.(2)

Durante la primera presidencia de Uribe (2002 – 2006), que como gobernador de Antioquia había apoyado los paramilitares en la alianza con terratenientes, ganaderos y empresarios regionales, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de desmovilización con las AUC en 2003. Oficialmente, hasta diciembre de 2006 unos 30,000 efectivos (soldados miembros y sus comandantes) fueron desmovilizados, mientras que anteriormente se había estimado que la membresía de las AUC tenía un tope de unos 15,000 efectivos.(3)

Gran parte de los integrantes consiguió un empleo por las armas en las numerosas bandas de “protección”, asaltantes y sicarios en el país. Mientras tanto los (ex-) comandantes paramilitares están consolidando su influencia política y económica.

Las fuerzas paramilitares en Guatemala
Llamadas patrullas de autodefensa civil (PAC) fueron el instrumento decisivo de la “solución guatemalteca” durante las campañas contrainsurgentes entre 1980 y 1995. Las fuerzas armadas incorporaron -generalmente de manera forzosa- a decenas de miles de campesinos, mayoritariamente indígenas Mayas en el occidente del país. Ya en los años sesenta, cuando la guerra se localizó sobre todo en la región oriental y Ladina del país, las Fuerzas Armadas habían tenido experiencia con la formación de entidades paramilitares contrainsurgentes compuestas por civiles anticomunistas. Pero cuando se trasladó el escenario de la guerra hacia el occidente y la guerrilla comenzó a gozar de la simpatía de la región Maya, el Alto Mando militar decidió la formación en masa de entidades paramilitares locales en 1981. Comandos locales fueron puestos bajo en mando de oficiales del ejército para erradicar la subversión por la muerte de cualquier posible simpatizante –adulto, joven o bebé-, la desaparición pueblos de enteros o masacres periódicas.

Esta orgía de destrucción y matanza se realizó sobre todo en las “zonas rojas” donde –según los analistas militares- ya no se podía hacer una fina distinción entre combatientes o simpatizantes. En pocos años, el número aproximado de “patrulleros civiles” aumentó de manera explosiva de 25,000 (en 1982) a 700,000 (en 1983) a 900,000 (en 1984). Cuando el Ministerio de Defensa en 2005 tenía que calcular el número de patrulleros que recibirían un pequeña pensión se llegó a un número astronómico de 1.200.000, mientras que la población nacional era unos 12 millones.

De esta manera se transformó el país en un gran campamento militar donde el terror y el miedo reinó durante muchos años. En muchos casos la llegada de las PAC en comunidades locales iba acompañada con matanzas por “escuadrones de la muerte especializados”.

La reputación de terror generalizado por las PAC era tal que ni siquiera los militares salvadoreños –que también hicieron uso semi abierto de fuerzas paramilitares y de escuadrones de la muerte- se negaron a implementar una “solución guatemalteca”, comparándola con el resultado del uso de una bomba neutrónica. De manera diferente al caso de Colombia, donde el reparto del trabajo entre las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de la policía y la Seguridad del Estado) y las fuerzas paramilitares, las milicias clandestinas anticomunistas y los escuadrones de la muerte tenían nexos abiertamente visibles. Hasta los representantes militares en la meza de negociaciones para la paz manifestaron una cierta vergüenza por la actuación de las PAC. Unos meses antes de firmar el acuerdo de paz en diciembre de 1996 el entonces ministro de defensa decidió –tras un acuerdo con los líderes guerrilleros que anunciaron unilateralmente el cese de fuego- disolver las Patrullas de Autodefensa Civil.

Las fuerzas paramilitares en Perú
En el caso de Perú fueron de otra variedad. Después de la aparición del movimiento guerrillero de Sendero Luminoso en Ayacucho (1980) el gobierno de Lima esperó dos años para mandar las Fuerzas Armadas. Las primeras campañas militares fueron completamente represivas contra la población indígena. En 1983, un año después de la primera campaña antisubversiva de las Fuerzas Armadas en la región quechua, los militares insistieron en la formación de “rondas campesinas” de autodefensa. Los primeros agrupamientos paramilitares fueron formados por la población quechua que –con bastante razón- opinaba que los ronderos servían como carne de cañón para proteger las unidades militares. El ejército consideraba a las comunidades indígenas que no se incorporaron como pro-guerrilla, y Sendero Luminoso atacó indiscriminadamente a los ronderos -pésimamente armados- como si fuesen parte del sistema militar.

Pero hay una diferencia entre el caso guatemalteco y peruano. En Guatemala la guerrilla gozaba de una clara simpatía por parte de la población indígena; en Perú, sin embargo, Sendero Luminoso estaba fácilmente inclinado a usar el arma del terror en contra de las comunidades campesinas. A finales de los años ochenta las Fuerzas Armadas empezaron deliberadamente a brindar más protección a “comunidades leales” y al entrenamiento y equipamiento de sus líderes (4)

A partir de la presidencia de Fujimori –que transformó hábilmente las rondas campesinas en “Comités de Autodefensa y Desarrollo”, legalmente reconocidos- la aportación gubernamental y el apoyo de las Fuerzas Armadas aumentaron de manera considerable el apego de las comunidades locales en la lucha contra Sendero Luminoso. En 1991 las rondas campesinas fueron incorporadas oficialmente como la “cuarta arma” de las Fuerzas Armadas al del Ejército, la Marina y la Aviación.

El número de ronderos –reclutados en gran parte por los propios líderes locales- creció en pocos años enormemente: de unos miles hasta 400,000 en 1994. Los líderes de las rondas tenían que firmar actas de disciplina y control y aceptar un poder titular de los comandantes militares –para prevenir una autonomía local de los comandantes comunales- por una inmunidad en ejercicio de sus funciones. En campañas mancomunadas con unidades especiales de las Fuerzas Armadas cercaron parte por parte las columnas dispersas de los Senderistas, para capturar –en 1999- a los últimos líderes guerrilleros. Poco tiempo después las rondas campesinas se disolvieron voluntariamente.

Perú es tal vez el país donde el uso de las fuerzas paramilitares, a lo largo de las dos décadas de guerra, ha sido relativamente oportuno. El reclutamiento, fue en su mayoría voluntario, y la guerrilla de Sendero Luminoso era –incluso más que la actuación de las fuerzas del orden- causante de la mayoría de las víctimas de la guerra.

Es un hecho confirmado por el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en 2004. Pero en casi todos los países donde se originaron fuerzas paramilitares a gran escala, su desempeño ha sido caracterizado por abundantes violaciones de los derechos humanos, brutales actos de violencia frente a la población local y periódicas orgías de matar, quemar y aniquilar. En muchas regiones de los países que pasaron en la segunda mitad del siglo XX por períodos de conflictos interno, el fenómeno de los paramilitares comenzó a ser sinónimo de los escuadrones de la muerte.


De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 4

Ejércitos irregulares : la guerrilla*. El término "Guerrilla" o "pequeña guerra" es generalmente usado para caracterizar las guerras irregulares, llevadas a cabo por fuerzas paramilitares, agrupamientos de resistencia, tropas irregulares, movimientos de independencia o civiles, convertidos en soldados que luchan contra un opresor.

La palabra "Guerrilla" fue introducida en la terminología diaria del español y en otros idiomas en referencia a las campañas de resistencia española contra los ejércitos napoleónicos a comienzos del siglo XIX. Pero la guerra de guerrillas es tan genérica como la guerra misma. Uno de los teóricos militares más famosos, el general chino Sun Tzu, publicó un manual sobre este tipo de guerra desde hace siglos. En el siglo XX, Mao Zedong, el general vietnamita Vo Nguyen Giap y Ernesto Che Guevara publicaron manuales que han tenido gran influencia y que fueron escritos basados en sus exitosas guerras. El general Giap, vencedor de la guerras franco-vietnamita y luego estadounidense-vietnamita, comandaba a la vez ejércitos regulares y de fuerzas guerrilleras durante sus campañas.

Durante la revolución Mexicana (1910 - 1917), muchas de las divisiones militares estaban formadas por agrupamientos irregulares de campesinos o unidades guerrilleras. Bandas ex-guerrilleras patrullaron en "sus" territorios provincianos hasta la segunda mitad de los años treinta. Durante la rebelión cristera en el occidente de México en los años veinte, donde se mezclaron motivos religiosos con movimientos de secesión, también las unidades guerrilleras formaron el núcleo de la fuerza rebelde.

Durante la revolución boliviana en la primera mitad de los años cincuenta, milicias populares y sindicalistas armados, a veces aliados con la policía nacional, se enfrentaron a las fuerzas militares con éxito. Pero fueron dos revoluciones, la cubana a finales de los años cincuenta, y la nicaragüense a finales de los años setenta, en las cuales la guerrilla aglutinaba milicias populares que en su momento se rebelaron contra las fuerzas armadas de las dictaduras opresoras.

Después de las guerras, fueron las unidades guerrilleras las que formaron el esqueleto de los nuevos ejércitos populares. Otra tercera y exitosa campaña guerrillera fue la costarricense en 1948. En la historia quedó un caso particular donde un grupo de unos 300 guerrilleros se levantó contra un gobierno cuyo ejército tenía unos 700 efectivos.

Un Figueres victorioso, después de unos meses de guerra civil, llegó a la presidencia, abolió el ejército y modificó sustantivamente el orden social y político, creando un sistema social demócrata sin rendirse a la benevolencia de los EE.UU. Figueres, archienemigo del dictador nicaragüense Somoza (el cual invadió dos veces el territorio costarricense) apoyó en los años sesenta al FSLN, la cúpula política y militar de los movimientos guerrilleros nicaragüenses.

Movimientos guerrilleros
En América Latina, la expresión "guerrilla" por lo general, indica la existencia de "organizaciones político-militares" que se caracterizan por tener una ideología con las siguientes características: un intenso nacionalismo, anti-imperialismo o anti-colonialismo; la creencia de la utopía socialista; y la preparación abierta de una revolución social por la vía armada.

Muchos países del continente conocieron durante las décadas de los sesenta, hasta los noventa, movimientos guerrilleros de diferente tendencia política, diferente grado de organización, y diferente nivel de apoyo popular, llegando a diferentes escenarios de guerra civil. En general, fue el modelo de la revolución cubana (1959) el que inspiró a los líderes de muchos agrupamientos guerrilleros. En su momento, Fidel Castro y sus compañeros, tenían como rol y modelo a históricos insurgentes como Simón Bolívar, Garibaldi y los héroes de la revolución Mexicana (1910 - 1917).

Los escritos de Che Guevara sirvieron frecuentemente como manual de cómo llevar a cabo una campaña guerrillera que terminara en una revolución popular. Los textos de él acentuaron el papel de pequeñas vanguardias guerrilleras rurales, que serían el "foco" revolucionario alrededor del que se agruparía el campesinado y luego la clase trabajadora. Sus posteriores campañas guerrilleras en el Congo y después en Bolivia (donde fue capturado y ajusticiado en 1967) demuestra que la creación de un foco de guerrilla en sí, no es garantía para una insurrección campesina.

Los primeros brotes de la guerrilla post-cubana eran movimientos de guerrilla urbana, dirigidos por jóvenes líderes estudiantiles en los años sesenta, en Argentina, Brasil y Uruguay. Seguían siendo movimientos de tamaño moderado. La contrainsurgencia militar llegó a la instalación de gobiernos militares dictatoriales en el Cono Sur de un extremo autoritarismo, y de un fuerte carácter represivo. El golpe de estado en Brasil (1964) significó el comienzo de dos décadas de gobiernos militares consecutivos.

En Argentina los militares utilizaron la guerrilla peronista y trotskista para establecer un régimen parecido. En Uruguay los militares establecieron un régimen militar encabezado por un presidente civil. En Chile un gobierno militar de comparable dureza se originó en un golpe de Estado contra el gobierno socialista, democrático y legítimamente constituido de Allende. El movimiento de guerrilla urbana postgolpista fue reprimido en los primeros años de la dictadura que regularía durante casi veinte años el escenario político chileno.

La guerrilla colombiana
Se originó en los años sesenta como una de las fuerzas sucesoras de los actores armados en el periodo de “La Violencia” (1947 - 1958), una guerra civil entre los conservadores y los liberales. De los movimientos guerrilleros se quedaron dos principales: el ELN (guevarista) y las FARC (prosoviético). Las FARC, a su turno, tenían una similitud con las FAR, el primer movimiento guerrillero en Guatemala, que luego se hizo autónomo frente al partido comunista clásico prosoviético. La guerra civil colombiana tiene un millón de muertos a su cuenta, y resultó en una situación de empate entre fuerzas regulares del Ejército, de los paramilitares de la derecha y de la guerrilla. Paramilitares y guerrilleros lograron apoderarse de territorios considerables y donde su autoridad sustituía la legalidad del gobierno elegido.

Tanto los paramilitares como las fuerzas de la guerrilla fueron contaminados por la bonanza de la narco-economía. Varios gobiernos recurrieron a negociaciones que llegaron hasta la fecha han sido fracasos. El actual gobierno del presidente Uribe trata de buscar una solución combinando el modelo de contrainsurgencia con negociaciones. Por el momento (2006) ha logrado establecer un pacto con los paramilitares.

La influencia de la revolución cubana
La influencia cubana más directa se dio en el movimiento guerrillero de Venezuela y en Centroamérica. La guerrilla venezolana, una fuerza considerable en los años sesenta y setenta, fue perdiendo peso. Muchos de sus miembros se incorporaron al movimiento político de Chávez. En cuatro de los cinco países centroamericanos se originaron movimientos guerrilleros, inspirados por la revolución cubana. La de Honduras se diluyó con el transcurso de los años. Pero en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países marcados por décadas de dictaduras cívico - militares extremamente represivas, los movimientos guerrilleros lograron asegurarse de apoyo popular y empezaron luchas armadas para conquistar el poder.

Mientras Estados Unidos se opuso ferozmente (e intervino con la financiación de la contrainsurgencia), la guerrilla recibió una importante aportación por parte de los países latinoamericanos y de la solidaridad de Europa. Fue el Che Guevara quién personalmente concedió la primera ayuda financiera y militar cubana a la incipiente guerrilla guatemalteca.

El apoyo cubano se mostró sobre todo en el caso salvadoreño y nicaragüense, en términos de apoyo moral, logístico, financiero y sirviendo como retaguardia (para visitas, descanso, asistencia médica y acceso a la opinión publica). Para la guerrilla guatemalteca este papel lo cumplido México que a partir de 1982 se retiró de la dirigencia política y militar; también desde México se hizo el trabajo político-diplomático de la guerrilla para mantener sus lazos con la cooperación internacional, y para iniciar y mantener las negociaciones de la paz.

Cabe mencionar también que la unificación de las fuerzas guerrilleras en Nicaragua (el FSLN, desde1979), en El Salvador (el FMLN, desde 1980) y en Guatemala (la URNG, desde 1982) fue lograda en gran parte por la intervención de la dirigencia política cubana. Más aun, el apoyo post revolucionario al gobierno Sandinista en Nicaragua (1979 - 1990) desde Cuba fue vital, y fue otorgado de manera desinteresada.

Cuba puso a su disposición acceso y entrenamiento para formar a los oficiales, a los cuadros del nuevo ejército y la nueva policía, y proporcionaba los primeros créditos al recién instalado gobierno. El caso de Cuba y de Nicaragua son los únicos dos en América Latina donde desde las filas de guerrilleros y milicianos se creo un ejercito post revolucionario, cuyo papel militar fue comprobado en el campo de batalla: en el caso de Cuba en múltiples guerras en África, en el caso de Nicaragua durante la guerra de la Contra y la resolución de muchos disturbios de bandas de ex-Contras y de ex-militares en los años noventa.

El movimiento guerrillero más reciente es la guerrilla zapatista en el sur de México, particularmente en Chiapas, originalmente una provincia guatemalteca, región donde los cambios por la revolución mexicana y las reformas de los presidentes Calles y Cárdenas casi no se notaron. A diferencia de los casos mencionados, tanto el gobierno mexicano como la guerrilla mostraron mucha sabiduría previniendo una explosiva guerra civil. Después de unas semanas de represión, el gobierno optó por negociaciones, y la guerrilla prefirió buscar el apoyo de la opinión pública en vez de buscar una solución por el camino militar.

El conflicto todavía no está resuelto, pero está lejos de transformarse en una guerra abierta. En Chiapas se mantiene el orden público mediante la presencia de fuerzas paramilitares al lado de las fuerzas del orden.

Finalmente hay que considerar la guerra civil peruana (1980 - 1999), llamada en el país "el conflicto armado interno" y promovido por la guerrilla de Sendero Luminoso. Este movimiento se dejó inspirar por el camino maoísta, utilizando claramente, al igual que en China y en Kampuchea, el terror frente a la población civil. Los gobiernos civiles de los años ochenta respondieron de manera clásica: represión de parte de las Fuerzas Armadas y de la policía frente a la población indígena, sospechosa de simpatizar con los senderistas. A finales de la década de los ochenta y en los noventa, se hizo un cambio en la estrategia: el ejército se alió con las fuerzas de autodefensa indígena (fuerzas voluntarias paramilitares, los llamados ronderos, mientras que la policía comenzó a asistir a los comités barriales y vecinales. En 1992 el líder Abimael Guzmán fue capturado junto con la mayoría del Comité Central de Sendero Luminoso.

En los años consecutivos las fuerzas paramilitares y el ejército vencieron las columnas guerrilleras que aun persistían. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana (2003) atribuye explícitamente a Sendero Luminoso la mayoría de las víctimas.





De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 3

La situación militar en América Latina*. A partir de las últimas décadas del siglo XIX, pasó a la historia en América Latina el tiempo de mariscales y tropas irregulares comandadas por coroneles que se auto proclamaban este rango.
Las metas propuestas en su lugar fueron profesionalidad y preparación técnica, para lo cual, los medios castrenses recurrieron a misiones técnicas europeas. Sobre todo países como Alemania, Francia y Gran Bretaña gozaron de gran prestigio en materia de entrenamiento de los ejércitos y las armadas.

La llegada de misiones militares procedentes de estos países no tardó en resultar una práctica corriente. Los ejércitos de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay fueron entrenados por oficiales alemanes y Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú recibieron misiones militares francesas. De los países latinoamericanos, Chile había sido el primero en asegurarse en 1886 los servicios de oficiales extranjeros.

Los chilenos habían apelado a los alemanes y los peruanos, con la clara memoria de la perdida de la Guerra del Pacífico, acudieron a la ayuda de los rivales europeos de aquellos: las Fuerzas Armadas francesas. Los primeros oficiales llegaron al Perú en 1896. La marina de varios países latinoamericanos también recurrió a sus instituciones occidentales hermanas para su formación técnica profesional. En 1918 aparecieron las primeras misiones técnicas de la Marina estadounidense en Brasil, y poco después en Perú.

Sin embargo, hasta la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos latinoamericanos se orientaron principalmente hacia Europa. La aviación acudió relativamente rápido al apoyo estadounidense. El predominio norteamericano en las Fuerzas Armadas de la región sólo comenzó a manifestarse durante la Segunda Guerra Mundial y se consolidó en el período de la posguerra, cuando se inició la Guerra Fría. Hasta finales de los años sesenta, Brasil y Perú fueron los países que gozaron de la mayor proporción de ayuda militar norteamericano. Pronto, casi todos los países de la región pasaron a depender de los Estados Unidos para los suministros de materiales militares y armamentísticos. (1)


“Seguridad Nacional”
El monopolio militar norteamericano en América Latina se materializó a través de una serie de instituciones insertadas en una doctrina de seguridad continental común. Esta tesis, que ya se había lanzado durante la Good Neighbor Policy in los años treinta del siglo XX, se fundamentaba en intereses interamericanos de defensa mutua. Propuesta en su origen como contrapeso democrático del bloque conformado por las potencias fascistas europeas y el Japón, su objetivo se transformó al comienzo de la Guerra Fría, evolucionando en la constitución de una alianza anticomunista.

Así surgió la tesis de la “seguridad nacional”: los Estados Unidos garantizaban la seguridad externa del continente, en tanto que el mantenimiento de la estabilidad interna era confiado a las Fuerzas Armadas nacionales de la región. Para equipar y facilitar la tarea de esta nueva alianza militar se crearon nuevas organizaciones sustentadas en tratados militares y políticos. En 1945, veinte naciones americanas firmaron el tratado de Chapultepec para constituir una liga de consulta y apoyo mutuo.

En 1947 estos países suscribieron con otros cuatro el tratado de Río de Janeiro, dando origen al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En 1948 el TIAR obtuvo su complemento político al crearse en Washington la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1948 la mayoría de los países firmó también el Pacto de Bogotá sobre la solución pacífica de conflictos; sin embargo, hay varios países que hasta la fecha no ratificaron dicho Tratado.

Sobre armamentos hay una serie de tratados que fueron ratificados por casi todos los países latinoamericanos. El Tratado de Tlatelolco de 1967, que proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe, es el más importante de estos. El principal órgano de la OEA, la Junta Interamericana de Defensa hacía hincapié en la estrecha relación entre las actividades de ayuda militar y las de otra índole.
A veces el TIAR está considerado como el equivalente de la OTAN que regula la cooperación militar entre los países occidentales noratlánticos y los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, conviene más comparar el TIAR con el anterior Pacto de Varsovia. Mientras que en la OTAN se supone una relativa igualdad de los países miembros, expresándose en nombramientos militares y políticos y el equipamiento bélico.

El Pacto de Varsovia y el TIAR tienen la estructura de un país dominante, tanto en la estructura decisiva, el liderazgo militar, el entrenamiento de la oficialidad, y el sistema de apoyo financiero y técnico. El papel de la ex–Unión Soviética en el ex-Pacto de Varsovia tiene gran paralelismo con el rol de los Estados Unidos como protagonista en el actual TIAR.
Dos programas estadounidenses, el Military Assistance Programme (MAP) y la Agency for International Development (AID) cubrían, por una parte, apoyo militar directo y, por otra, proyectos de desarrollo llevados a cabo por instituciones civiles y militares. En los años sesenta hasta los ochenta, AID y MAP estuvieron muchas veces cooperando en materia de “acción cívico-militar”, programas para el beneficio de la población civil y para combatir la posibilidad de posibles brotes “comunistas” y “revolucionarios”. Paralelamente surgieron relaciones entre la CIA y los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado, patrocinados generalmente por el Ejército o la Marina.

En las décadas subsiguientes, también instituciones como el FBI y la DEA –la encarga de combatir la droga- buscaron sus asociaciones con las Fuerzas Armadas o con servicios especiales de la policía nacional. Últimamente se han establecido cordiales lazos de cooperación entre CIA y DEA e instituciones equivalentes, asociadas en países de producción de droga, como con las Fuerzas Armadas en Bolivia, la DAS, un cuerpo especializado de la policía en Colombia y el servicio de inteligencia del ejército e inteligencia naval en Perú. Esta colaboración había sido precedida por décadas de instrucción oficial en las dos instituciones asociadas al TIAR: la Escuela de las Américas en Panamá, para oficiales de rango intermedio, y el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, colindando con el US War College. En el Colegio de Defensa se homologaba y homologa hasta la fecha, el entrenamiento de los altos cargos militares en el rango de coroneles y generales de brigada o su equivalente en otras armas.


Las fuerzas armadas en América Latina
El continente americano es el continente menos afectado por guerras propiamente dichas en comparación con potencias europeas, y sobre todo en comparación con los Estados Unidos y China. Tanto los gastos militares como el volumen de las Fuerzas Armadas de América Latina son comparativamente modestos. Después de las largas décadas de las dictaduras militares y las guerras civiles (“conflictos internos” como eufemísticamente fueron llamados) se ha reducido tanto el presupuesto, como el tamaño de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Brasil, un país con casi 190 millones de personas tiene las instituciones armadas más voluminosas (308.000 personas), seguido por Colombia, país que sufre de una guerra civil desde los años cincuenta, conflicto que ha producido la muerte de un millón de víctimas.

México, país que hasta la fecha cuenta con 106 millones de personas, dispone de instituciones armadas que en su totalidad comprenden un algo menos de 250.000 de personal). También es interesante hacer una comparación en términos del presupuesto militar.

(1) En México, Centroamérica y el Caribe los Estados Unidos había manifestado una ingerencia mucho más directa, en Cuba a partir de la guerra con España (1898) y el establecimiento de un factual protectorado en Cuba, en Panamá por medio de un protectorado de facto en un país explícitamente creado para facilitar la construcción del Canal en 1902, en México durante la Revolución Mexicana y en Nicaragua donde establecieron, después del movimiento guerrillero del general Sandino, otro protectorado de facto bajo la dictadura hereditaria de la familia Somoza.


De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 2

Las Fuerzas del orden post-dictatoriales*. Con el avance de la redemocratización en América Latina se ha redefinido la relación entre Estado y fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y la policía.

Revisando los cambios ocurridos entre 1985 y 2005 podemos concluir que, en general, predominó la tendencia hacia una mayor transparencia en la responsabilidad civil (presidencial, de los ministros de Defensa y del Interior o de Gobernación).

Fue redefinida la misión y el papel de las fuerzas del orden, atribuyendo la defensa externa y las actividades de misiones de paz a las Fuerzas Armadas y delegando la responsabilidad para el orden interno del país a la policía.

Se reconfiguró el sistema de inteligencia, disponiendo otra vez a nivel local responsabilidades para cuerpos de inteligencia nacional (civil, generalmente adscrita a la presidencia), de inteligencia castrense (ministerio de Defensa) y de inteligencia forense y anti-criminal (ministerio del Interior o Gobernación). Se fortaleció el control democrático, tanto por parte del ejecutivo como del parlamento. Formalmente se desintegraron las “instituciones paralelas” del poder oscuro: los agrupamientos paramilitares y las extensiones parapoliciales, especialmente los nefastos escuadrones de la muerte.

Una legislación especial, y un mejor y más adecuado sistema de formación profesional dentro de las instituciones del orden contribuyó considerablemente al funcionamiento ordenado de las Fuerzas Armadas y de la policía. Además, en casi cada país se establecieron redes de ONGs y organizaciones para el estudio y la vigilancia de los Derechos Humanos, junto con cargos como el defensor del pueblo.

En comparación con las décadas de las dictaduras militares, el panorama de ley y orden se ha mejorado considerablemente. A continuación exponemos los cambios más notables dentro de las Fuerzas Armadas y la policía.

Las Fuerzas Armadas
Después de la derrota en la guerra de las Malvinas, las Fuerzas Armadas argentinas, desprestigiadas, dejaron el poder. El nuevo gobierno civil ordenó que los miembros integrantes de las juntas militares anteriores asumieran su responsabilidad ante la justicia civil, hecho inédito en la historia del país. Los militares fueron condenados y encarcelados por períodos de corta duración. En segunda lugar, los jefes militares con mayor visibilidad política durante los años de dictadura y de “guerra sucia” recibieron arrestos domiciliarios. Alrededor del año 2000 se reorganizó alrededor sistema de inteligencia militar y de la policía; este último fue nuevamente equipado con inteligencia forense e informática sobre asuntos como la narco-economía, la criminalidad, el lavado de dinero y el terrorismo.

Así mismo, la presencia política de las instituciones armadas se ha reducido notablemente. A raíz de la evidente crisis económica, a finales de 2001 hubo fuertes enfrentamientos por parte de la población. Sin embargo, ésta se enfrentó solamente con las fuerzas policiales y no hubo ninguna intervención militar.

Por ejemplo en Brasil hubo una transición lenta pero estable que empezó en 1985 con la presidencia de Jose Sarney y que llegó a su fin en 1998, cuando el presidente Fernando Enrique Cardoso reorganizó el ministerio de la Defensa, nombró a un ministro civil y reestableció el sistema nacional de inteligencia. A partir de 1985, los sucesivos gobiernos civiles han realizado recortes significativos en los presupuestos militares, incluso antes de unificar la cartera de dicho ministerio y de disolver el sistema de privilegio de ministros castrenses (cinco de los seis ministros).

El sistema brasileño de inteligencia, una familia extensa y prestigiosa de redes interconectadas en los años de la dictadura, siguió funcionando hasta comienzos de la década de los años noventa. En 1992 no obstante, el Serviço Nacional de Informações (SNI) fue reducido y parcialmente desmantelado. En diciembre de 1999 se creó un nuevo sistema de inteligencia, la Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN).

En la mayoría de los países del Caribe, la seguridad es asunto de gobernantes y de legisladores civiles. En Centroamérica, escenario de complicadas guerras civiles, la paz coincidió con la retirada política de las fuerzas armadas, y una considerable reducción de los ejércitos contrainsurgentes. Tanto en Nicaragua como en El Salvador y Guatemala, los movimientos guerrilleros se transformaron en partidos políticos operando dentro de la ley y solicitando el voto del electorado. Las guerras civiles y sus secuelas forman un punto aparte en esta serie.

El caso de Colombia
Colombia es, sin embargo, en varios aspectos una excepción. Colombia presenta el panorama de una lucha armada, donde tres actores -las Fuerzas Armadas, la guerrilla dividida en dos frentes, y un conjunto nacional de bandas paramilitares- forman parte de un sistema de violencia crónica interrumpida por momentos de una cierta calma en la mesa de negociaciones. Esta guerra interna crónica se desarrolla en el contexto de un gobierno nacional civil y democráticamente elegido, de cuya legitimidad no hay duda. La violencia en el país parece ser interminable.

En el ámbito regional y local, deben distinguirse la fragmentación y la proliferación extrema de actores armados cuyos frentes de lucha se modifican periódicamente. Colombia es un país con importantes “enclaves políticos”, donde el gobierno está en manos de los paramilitares o de la guerrilla. Las consecuencias de este conflicto perpetuo parecen ser la pérdida casi aceptada del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza por las autoridades democráticas, acompañadas por una serie –que también parece interminable- de negociaciones de paz que, hasta muy recientemente, parecían condenadas al fracaso.

Durante los años noventa, ciudades como Medellín tenían dentro de su territorio a centenares de grupos armados que ofrecían “protección” o extorsionaban a los habitantes de cuadras o sectores dentro de las comunas populares. El actual presidente, Uribe, re-elegido en 2006 por segunda vez, proyectó en su primera etapa de gobierno un ambicioso programa de desarme y reintegración de las fuerzas paramilitares.


El caso de Chile
En Chile, la transición del régimen militar hasta un gobierno civil e independiente duró casi quince años desde el cambio oficial del gobierno. La reestructuración de la democracia en un país en el que la cúpula militar y el anterior dictador se habían asegurado el poder a través del control -desde los “enlaces institucionales” entre el sector público y la comandancia general, hasta nombramientos en el senado por vida y garantías de amnistía- se convertía en el trabajo de una generación entera de políticos y civiles.

La transición completa ha requerido mucha sutileza y diplomacia de parte de los gobiernos civiles y sus asesores. Hay que señalar, que el desprestigio internacional de la figura de Pinochet después de su arresto en Londres, contribuyó también al cambio de actitud de una nueva generación de mandos militares tanto frente a su ex-comandante-en-jefe como frente a las autoridades de los nuevos gobiernos democráticos.

El caso de México
En México, el sistema político autoritario del único partido que había dominado el país desde la década de los años veinte del siglo XX hasta mediados de los años noventa -el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- se transformó en un sistema mucho más abierto, que, por una parte, procuró mantener a las instituciones armadas fuera del contexto político y, por otra, integrar a todo el sector de seguridad –el servicio de inteligencia, la policía, la aduana, inteligencia fiscal, etcétera- como ya se había hecho en Estados Unidos y Canadá.

A partir de 1994, cuando se creó el North American Free Trade Agreement (NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos y México, mejoraron lentamente los procedimientos, el entrenamiento y la política de inteligencia nacional en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la criminalidad y el terrorismo.

La guerra que operaba en el estado de Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lanzó una operación armada en 1994, pero desde entonces ha asumido en perfil bajo como actor armado, mientras que, por otra parte, se ha desempeñado con gran habilidad como agente negociador con el gobierno nacional. El EZLN no representa una amenaza directa para la seguridad mexicana.

Perú y Venezuela
En otros casos como Perú y Venezuela durante la década de los años noventa, se formaron gobiernos civiles en los que el poder ejecutivo se eligió al mismo tiempo que el legislativo. Pero durante los primeros años de gobierno, se volvió a utilizar el papel de las instituciones armadas como brazo prolongado del ejecutivo, mientras que –de manera notoria en Perú- se expandía excesivamente la posibilidad de actuación de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado.

En el caso peruano, no es injusto denominar el régimen o triunvirato de Alberto Fujimori (presidente), Montesinos (jefe de inteligencia) y Hermoza (jefe de las Fuerzas Armadas) como una “dictadura civil”. La caída del régimen de Fujimori fue acompañada y, al final, inducida por varios movimientos de la sociedad civil. El organizador de las marchas de protesta, Toledo, fue elegido presidente, para luego tener que enfrentarse con una serie de movimientos de protesta semejantes, organizados en frentes regionales en los años 2002 y 2003.

La resistencia de parte de las fuerzas armadas estuvo por varios años fuera de discusión: en 2002, unos 50 generales y almirantes fueron encarcelados, acusados de corrupción y dieron testimonios contra sus colegas. Cuando se publicó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las Fuerzas Armadas protestaron en 2004 y 2005 contra los procesos jurídicos de solamente un uno por ciento de sus efectivos. También cambió la suerte del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) que, durante la jefatura de Montesinos, consistía en dos organizaciones paralelas -una para recolectar inteligencia y otra para intimidar a los adversarios políticos, chantajear supuestos rivales y actuar como escuadrón de la muerte.

Al comienzo de su gobierno, el presidente Toledo nombró a varias personas de su confianza en los cargos de ministro del Interior, viceministro de la Policía, ministro de la Defensa y jefe del Sistema de Inteligencia. Todos ellos llegaron de las filas de ONGs de investigación o de vigilancia de los derechos humanos. En 2004, el presidente anunció el desmantelamiento del SIN.

También en Venezuela se evidenció el fracaso de la intervención militar para relevar al presidente Chávez. Ante los movimientos populares que lo llevaron de regreso a Palacio y le han permitido sobrevivir a cuatro huelgas nacionales y un golpe de Estado, las reformas políticas en Venezuela, llegando a la República Bolivariana, fueron acompañadas por una avalancha de procedimientos democráticos: elecciones y plebiscitos. En medio de todo este proceso, el papel de las Fuerzas Armadas se ha ampliado pasando a ser un instrumento clave de ejecución de los programas del gobierno. Así mismo, el gobierno del presidente Chávez recurrió a la creación de milicias populares.

El papel de la policía
Hubo un proceso llamativo en la mayoría de los países de América Latina. En general, las Fuerzas Armadas manifestaron su consentimiento de ser incubiertas en conflictos internos o de desempeñar un papel de confrontación directa con la población civil. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales fueron encargadas y equipadas para mantener el orden público, combatir el crimen organizado y la delincuencia común. En muchas de las metrópolis latinoamericanas este proceso llegó a un papel de insolencia de la ciudadanía frente a la policía.

Mientras que poco a poco las Fuerzas Armadas adquirieron respeto y reputación –por su actuación en misiones de paz o durante campañas de rescate y de auxilio durante desastres nacionales-, la policía se encontraba con protestas populares. Los piqueteros en Argentina, los favelados en Brasil, los pobladores en los barrios marginales de los países andinos, centroamericanos y mexicanos tienden a manifestar su desconfianza en la policía.

Movimientos sociales en los barrios marginales y otros, del público en general, llegaron a dirigirse gradualmente contra la corrupción y la agresión de la policía nacional y municipal.

Dicho fenómeno es tan generalizado que en los últimos diez años muchos gobiernos, desde el gabinete chileno hasta la presidencia dominicana han llegado a nombrar comisiones nacionales para la reforma de la policía y la mejora de las relaciones cívico-policiales. Estos esfuerzos se pudieron observar en todos los países del Cono Sur, pero con resultados ambivalentes.

En Chile inició un proceso, de más larga duración, de reforma policial que dio como resultado un aumento de la confianza del público en general. En Argentina se inició una reforma de la policía para frenar la desconfianza del público en las fuerzas del orden por corrupción. El alto grado de militarización y la actuación represiva de las instituciones policíacas se había formado a finales de los años noventa, foros de seguridad entre representantes de la policía y representantes populares. Pero se detenían las reformas en el momento decisivo y las protestas populares desembocaron en el movimiento social de los piqueteros, convocando marcha tras marcha de protestas.

Otros experimentos como grupos de policía comunitarios y de seguridad ciudadana, autogestionados en la década de los noventa, dieron como resultado desencuentros entre Argentina y Brasil.

En Centroamérica podemos encontrar dos países donde hay una base más sólida de confianza entre la población y la policía: en Costa Rica, país que desde 1948 no tiene ejército, pero sí cuenta con un apoyo general de la población frente a las instituciones de la ley y del orden público, y Nicaragua, que desde los años sandinistas tiene una organización policial que no padece de una reputación fuertemente represiva.

La reforma que resultó en la Policía Nacional Civil posbélica en El Salvador y en Guatemala generó inicialmente altas expectativas, pero la ineptitud profesional y la sucesiva corrupción en los años posteriores acabaron rápidamente con la confianza generada. Tal vez, el único país latinoamericano junto con Costa Rica, donde los barrios populares no se transformaron en territorios de violencia y marginalidad es Perú.

Lima Metropolitana goza de una cierta tranquilidad, a pesar de su inmensa informalidad económica y la transformación de la ciudad capital en cuatro zonas (conos), tres de ellas siendo enormes aglomeraciones de barriadas.

Probablemente, Lima es una de las capitales más informales y más empobrecidas de América Latina. Paradójicamente, el mismo proceso de “desborde popular” produjo un efecto doble: por un lado la decadencia de las organizaciones formales, como las asociaciones empresariales, los colegios de profesionales, las centrales y federaciones sindicales, y por otro lado el surgimiento de por lo menos tres tipos de asociaciones de la informales: comités de vecinos en las barriadas, comités de microempresarios y auto-empleados, y comités de seguridad vecinales a partir de los años noventa.

Este proceso de desborde popular creó así un tejido social relativamente precario, pero casi siempre con participación social abundante. A los gobiernos nacionales les convenía, por diferentes razones, apoyar estas organizaciones populares y los gobiernos municipales de Lima y de sus distritos contribuyeron con la construcción de carreteras e infraestructuras y con programas especiales a la relativa integración de los tres conos populares.

En el transcurso de los años se desarrolló dentro de las filas de la población de estos tres conos una clase media bajo estos grupos informales: financiaron sus viviendas, financiaron parques industriales y centros comerciales, hasta centros para discotecas en sus barrios. Todo eso contribuyó considerablemente para suavizar la exclusión y para favorecer una integración relativamente gradual. Durante los años de los ataques por parte de Sendero Luminoso, entre 1988 y 1992, la población se auto-organizó en comités locales de vigilancia y de seguridad, en buena colaboración con las comisarías locales.

La policía metropolitana proviene en gran parte de los tres conos y por tradición tiene una fachada popular: los policías siguen trabajando generalmente en su barrio y normalmente son respetados. El modo de actuar no es represivo, al contrario: se trata explícitamente de buscar la simpatía del público con programas especiales.

Hay una tradición de “serenazgos”: policía auxiliar compuesta de vecinos, entrenados por la policía local. En cada barrio de lima hay comités de vigilancia o de seguridad de vecinos que patrullan su cuadra de viviendas e informan sobre robos, bandas juveniles y criminalidad. La buena relación cívico-policial y la reducción de la brutal exclusión social mantienen una relativa seguridad local.

Trágicamente, el caso de Costa Rica, Nicaragua y Perú es una relativa excepción en América Latina. Mientras el público mantiene, hoy en día, una actitud general de neutralidad hasta de respeto frente a las Fuerzas Armadas, considera a la policía nacional a menudo, con desconfianza y menosprecio.