Con un fallo judicial polémico, la Policía Bonaerense volvió a quedar habilitada, en la ciudad de La Plata, para trasladar a menores a comisarías por averiguación de antecedentes, identificaciones o contravenciones.
Esa modalidad había sido prohibida hace un año por un dictamen que ahora fue revocado por la Cámara Penal de Apelaciones. La medida, que ya provocó una polémica, será cuestionada jurídicamente por organismos de Derechos Humanos y la instancia llegaría a la Suprema Corte provincial.
"Se compromete una responsabilidad internacional sobre Derechos Humanos y nos retrotrae a prácticas del proceso militar", dijo el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, quién en octubre de 2008 había declarado inconstitucional la privación ilegal de menores no vinculados con delitos y prohibió a la policía de la capital bonaerense detenerlos de manera preventiva. Para el funcionario judicial, el traslado de menores a dependencias policiales es una práctica condenada por los organismos internacionales de derechos humanos y además resulta innecesaria
"La Policía cuenta con recursos tecnológicos suficientes y de última generación para identificar a las personas en la vía pública" aseguró el magistrado. No obstante la resolución dispuesta hace un año, Arias dijo que "de hecho" la Policía continuó de manera ilegal con esa modalidad en las calles de La Plata.
Hace una semana los integrantes de la Cámara Penal de esta ciudad, María Riusech, Pedro Soria y María Silvia Oyhamburu hicieron lugar a una presentación del ministerio de Seguridad bonaerense -con la intervención de la Fiscalía de Estado- y resolvieron revocar la resolución de Arias porque consideraron que los habeas corpus colectivos que dieron inicio al proceso judicial no fueron "procedentes para esa decisión".
El litigio está centrado en cuestiones formales del procedimiento. Los camaristas no se refieren a la cuestión de fondo. Es decir, si la Policía puede o debe demorar a los chicos en la vía pública. Hace un año, el titular de la Defensoría Oficial Nª 16 de la capital bonaerense, Julián Axat, denunció que los menores de La Plata padecían una amenaza "por el cercenamiento de su libertad ambulatoria por parte de la Policía, sin control judicial especializado". Fue después de que la fuerza de seguridad interviniera, por denuncias de vecinos, contra un grupo de niños y menores que "vivían" en la plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad.
Los camaristas mencionaron además que el dictamen de Arias "compromete la separación de los poderes".
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