Cámaras ocultas desnudaron una realidad que existe, pero que funcionarios y jefes policiales, parecieran no ver: la situación de esclavitud y explotación en los privados de la ciudad. Una presentación exclusiva de El Atlántico.-
La fundación Alameda, que dirige su lucha contra el trabajo esclavo, presentará hoy una denuncia penal ante Procuración de la Nación y la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Solicita que se investigue la responsabilidad de autoridades policiales y funcionarios comunales en los delitos de trata de mujeres, su explotación sexual y sometimiento a servidumbre.
Cerca de 400 prostíbulos encierran en Mar del Plata a unas 4000 mujeres y adolescentes que ofrecen sus cuerpos a cambio de algunos billetes. Son explotadas y esclavizadas. Cada año, se denuncia la desaparición de cerca de medio millar de jóvenes. Ellas, en su mayoría adolescentes, son reclutadas por las redes de prostitución y convertidas en esclavas sexuales. Pero el círculo no se cierra fronteras adentro. En privados de la ciudad las jóvenes rescatadas son, en un mayor número, paraguayas y dominicanas. El engaño, las amenazas y hasta la violencia se conjugan con la vulnerabilidad de las víctimas, cuya situación social y económica las obliga a buscar nuevos horizontes, lejos de sus casas, sus afectos, en lugares cerrados donde las caricias valen dinero.
Una notable investigación de la fundación Alameda, que dirige su lucha contra el trabajo esclavo cualquiera sea su escenario -talleres textiles, el campo o los prostíbulos de las grades aglomeraciones-, sacó a la luz la explotación a las que son sometidas las mujeres que se prostituyen en los privados de Mar del Plata. Ellas están ocultas, encerradas, sufren los maltratos de proxenetas y también de algunos “clientes” o “prostituyentes”. Se sabe que están allí: es escandalosa la publicidad de los prostíbulos en diarios y en la calle a través de panfletos que cubren las ventanillas de los automóviles, que se estacionan en el centro o los principales corredores nocturnos. Sin embargo, quienes podrían actuar, no actúan: ni autoridades policiales ni políticas de la ciudad.
En la Argentina está prohibido el establecimiento de casas “donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”, según detalla el artículo 15 de la ley 12.331. Pero existen. Según denunció Alameda, serían 400 los prostíbulos en la ciudad, que se concentran en la zona de La Perla, donde tiene jurisdicción la comisaría primera. Los allanamientos de la fuerza son aislados e incluso los privados que son cerrados, suelen volver a abrirse pocos días después. Un caso paradigmático es la “Casita Azul”, cuya causa está en curso, está pedida la elevación a juicio e incluso hay detenidos -uno era efectivo de la policía bonaerense-, pero continúa con sus puertas abiertas.
Hoy, a primera hora, se presentará una denuncia penal ante el Procurador de la Nación, Esteban Righi, quien en diciembre último recibió personalmente una denuncia -también de Alameda- por más de 600 prostíbulos que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación será acompañada por una movilización que nucleará a grupos feministas y cartoneros del Movimiento Trabajadores Excluidos. El requerimiento de investigación también llegará a la Fiscalía Federal de Mar del Plata: el listado es de casi un centenar de prostíbulos, entre privados y wiskerías.
Piden la investigación de la “eventual responsabilidad” de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que “el funcionamiento público y notorio de esta red, no pudo pasarles desapercibida, como tampoco el irregular cumplimiento de la legislación penal”.
También sugieren que se investigue la “eventual responsabilidad” de las autoridades municipales por las obligaciones que les caben “en virtud del deber de tutelar la seguridad, moralidad e higiene de los locales comerciales”, especialmente los funcionarios de Inspección General.
Además, el escrito solicita “medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas”. Las jóvenes, en su mayoría, llegan a los privados, después de engaños y malos tratos desde República Dominicana, Brasil y, en particular, Paraguay. La situación de vulnerabilidad, estar lejos de sus casas e inmersas en la pobreza, plantea un escenario complejo. “El Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización”, detalla la denuncia.
El escrito presentado detalla el funcionamiento de tres locales que aparentan una actividad comercial lícita como boliches o wiskerías, pero que ofrecen cuerpos de mujer y hasta drogas; y de siete privados donde un hombre o una mujer se convierten en dueños de las jóvenes y sus voluntades. En la red de locales denunciada se ejerce ostensiblemente la prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual y la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio.
BAJO EL AMPARO POLICIAL
La complicidad de la policía con los lugares donde se encierran, explotan y prostituyen mujeres fue denunciada en reiteradas oportunidades. Incluso, el titular de la fiscalía de Trata de Personas, de la Procuración General de la Nación, Marcelo Colombo, denunció en una nota publicada por El Atlántico en marzo del 2009, protección municipal, judicial y policial sobre las redes de trata y explotación sexual.
Lamadrid 2119. Una wiskería con nombre amigable invita a pasar, aunque un hombre de seguridad custodia la entrada. Está justo en frente al Hotel Provincial. A escasos metros está la subcomisaría Casino, donde supo ser titular Gustavo Salvá, hoy jefe distrital Centro. Según consta en la denuncia, el policía abogado entregó al grupo Alameda un listado con cerca de 250 privados de la ciudad que fueron allanados. Según la policía en el departamento C del octavo piso del edificio de Gascón 1630, funcionaba un prostíbulo. Pero no existe tal departamento, no llega el octavo piso a tal letra.
Todos estos prostíbulos fueron encubiertos con fallas contravencionales, cuando en verdad se estaban cometiendo delitos federales, como faltas a la ley de profilaxis, que pena y castiga no sólo a los privados, sino también a los proxenetas, quienes comercian los cuerpos de mujer.
En Sarmiento 2816 se alza un prostíbulo que quedó registrado en las cámaras que representantes de Alameda, dispuestos a testificar en la causa, trajeron a Mar del Plata en los últimos dos meses. Está en diagonal a la vieja terminal de ómnibus, donde hace base el Operativo Sol, de la policía bonaerense. Está también a unos 150 metros de la delegación de la Policía Federal y a pocas cuadras de la comisaría segunda. “Las sospechas de complicidad se profundizan al constatar, cómo puede verse también en la videograbación, que tanto un taxista como dos prostitutas mencionan abiertamente la complicidad de la Policía Bonearense”, señala uno de los testigos, de identidad reservada.
En uno de los cuartos del prostíbulo, conversó con una joven que trabaja allí dentro 13 horas diarias.
- Las chicas están las 24 horas -dice ella.
- ¿Cómo las 24 horas? -pregunta el joven de la cámara oculta.
- Viven acá adentro.
- Son las que vienen de afuera, ¿no?
- Claro, ellas dos son paraguayas.
- ¿Cómo 24 horas? ¿No duermen?
- Claro, duermen y se despiertan cuando viene gente.
- Así están esclavas…
- Hay que aguantar cada cosa…
- ¿Sí? ¿Cómo qué?
- Enfermos down, borrachos, drogados, que te traten mal -enumera con la voz de quien lamenta una situación de la que no puede escapar.
La denuncia sostiene que “los dueños y encargados de los prostíbulos denunciados no sólo habrían promovido o facilitado la trata interna y externa de personas con el fin de beneficiarse con la explotación de su prostitución sino que además habrían contado con la aquiescencia de las autoridades policiales”.
Y añade: “Las conductas de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331, de la ley 25.871 y 26.346, hubieran omitido tomar medidas para contenerlo, no serían susceptibles de ser consideradas una mera negligencia o inoperancia sino participación en graves hechos delictivos”.
El escrito recuerda que la ley les atribuye a los funcionarios policiales la misión de proteger a las personas de la trata con fin de explotación sexual comercial, de la reducción a servidumbre y de la violación sistemática de las disposiciones de la ley 12.331.
“Esta clase de situaciones -asevera- no podrían ocurrir sin el conocimiento y la aquiescencia de las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya eventual responsabilidad debe ser investigada en la causa que se forme”.
El abogado Mario Ganora, quien hoy realizará la presentación ante el fiscal Daniel Adler, consideró que “la prueba más evidente consiste en la documentación aportada por la propia policía en las planillas que se adjuntan, en las que se revela que cuando se advierte el funcionamiento de una casa de prostitución no se abren las actuaciones por la comisión de los delitos previstos y reprimidos en la ley 12.331, sino causas contravencionales que dejan impunes a los proxenetas”. De esta manera, sostuvo, se naturaliza el proxenetismo, “caldo de cultivo para la trata y la reducción a la servidumbre”.
Los rostros anónimos de las jóvenes que trabajan en los prostíbulos tienen nombre e historias. En su mayoría, son víctimas de la trata de personas. Son traídas hasta Mar del Plata mediante engaños -se les ofrece otro trabajo u otras condiciones para la prostitución-, mediante el uso de violencia o amenazas. Los clientes que desfilan a diario son testigos de su situación. Pero hay silencio. También callan autoridades policiales y funcionarios municipales, que tienen las herramientas y la responsabilidad para ir contra las redes de trata y explotación sexual. Las cámaras ocultas desnudan una realidad que no puede seguir escondiéndose.
Fuente: Belén Cano
bcano@diarioelatlantico.com
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