16 abr 2010

Víctimas del franquismo presentan querella en Argentina

La acción es parte de un laberinto judicial que -en Madrid- tiene al juez Baltasar Garzón sentado en el banquillo de los acusados por tres causas abiertas en su contra.

"Olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión, con las generaciones futuras. La búsqueda de justicia histórica, por dolorosa que sea, no sólo es importante para España sino que tiene ramificaciones para toda Europa".


Con esas palabras, Ana Campos Veiga (46 años) sobrina del español Darío Rivas, de 90 años y constituido unos de los demandantes, presentó ante la prensa en un estudio de abogados de Buenos Aires las acciones tendientes a entablar una causa contra el Estado español por los crímenes de la dictadura franquista.

Rivas es hijo de Severino Rivas, quien al ser ejecutado era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo.

A su turno, el demandante leyó otro documento. "En España, se continúa viviendo como durante los 40 años de la dictadura de Franciso Franco. Hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido", dijo Rivas en su lectura.

La otra demandante es la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca. "Acabamos de iniciar la querella que lleva el número 4591. Cualquier víctima del mundo puede sumarse a ella", dijo Ricardo Uñis, otro de los abogados patrocinantes.

En la oficina de los abogados también estuvo presente para respaldar la demanda el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo.

Del otro lado del océano

De esta manera, los deudos argentinos de las victimas del franquismo, intentan contrarrestar la ofensiva contra el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, quien ha sido denunciado por tres organizaciones de ultraderecha de su país por investigar 113 mil crímenes de la dictadura franquista a sabiendas de que no tenía competencia para ello.

La semana pasada el juez Luciano Varela decidió hacer lugar a la denuncia y abrió proceso contra Garzón por no haber tenido en cuenta la Ley de Amnistía de 1977. Por esto, Garzón corre el riesgo de ser suspendido.

Por otro lado, Garzón -que consiguió procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet aplicando los principios de justicia universal- declara este jueves ante el Tribunal Supremo español en una causa por “prevaricación y cohecho”.

Los abogados José Luiz Mazón y Antonio Panea intentan acusarlo de haber “cajoneado” una causa contra el banquero Emilio Botín a cambio de un patrocinio para una estadía en la Universidad de Nueva York durante 2005 y 2006.

Además, Garzón enfrenta una tercera causa por haber intervenido comunicaciones telefónicas entre los detenidos de la “trama Gürtel”, el escándalo de corrupción que salpica de cerca de las autoridades del Partido Popular español (de derecha).

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