De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática, Capítulo 5

Ejércitos irregulares: fuerzas paramilitares* Las fuerzas paramilitares entran en combate sin pertenecer a los ejércitos regulares propiamente dichos. Sus funciones pueden ser dos: servir de tropas auxiliares (y actuar como fuerzas de soporte) o servir para ejecutar actividades para combatir fuerzas de guerrilla y atemorizar a la población -que simpatiza con esta guerrilla- durante campañas de contrainsurgencia. Por lo que actúan como tropas de choque disfrazadas bajo nombres como “fuerzas de autodefensa” o como “defensa civil contra el terrorismo”, o simplemente como escuadrones de muerte enmascarados, como organizaciones de contra-guerrilla.
En este último caso el gobierno de turno o los estamentos militares superiores suelen negar su responsabilidad y formalmente toman distancia de la actuación de estas fuerzas. En casi todos los países de América Latina donde han habido guerras de guerrilla o conflictos armados internos se ha utilizado, de un modo u otro, a instituciones paramilitares con mayor o menor relación con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, con las élites locales o con agrupamientos políticos. En este capítulo prestaremos atención a tres casos ejemplares: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en Guatemala y las Rondas Campesinas del Perú.


Las fuerzas paramilitares en Colombia
Tienen su origen en agrupamientos locales, financiados por las élites locales, para ofrecer “protección” contra el secuestro o la extorsión (por concepto de “impuestos de guerra”) de las diferentes vertientes de la guerrilla colombiana y, en general, para contrarrestar la influencia de las fuerzas insurgentes. Entre los que financiaban a los paramilitares se encontraron terratenientes, empresarios agropecuarios, ganaderos adinerados, mafias esmeralderas y narcotraficantes. Reclutaron entre los ex-licenciados pobres de las Fuerzas Armadas, que acabaron de terminar su servicio militar y que preferirían una prolongación de la profesión armada como miembros de pequeños ejércitos privados. También se insertaron otros profesionales de armas ([ex-] oficiales de la policía, [ex-] oficiales militares) y quienes habían sido introducidos a las armas y a la violencia por medio de bandas criminales o de protección de contrabandistas y narcotraficantes. A finales de los años ochenta muchos de estos grupos tenían una creciente alianza con capitales ilícitos. Se estimaba por ejemplo que en estos años el 70% de las actividades del grupo, alrededor de Carlos Castaño -principal líder de los paramilitares entre 1997 y 2004- provenía de la narco-economía.


En 1968 el gobierno colombiano promulgó una legislación específica para la creación de grupos de autodefensa bajo el auspicio de las Fuerzas Armadas. Los primeros grupos de tal “autodefensa” nacieron en la parte noroccidental de Colombia (Córdoba y Chocó). La línea entre la autodefensa, el ajusticiamiento, la extorsión y el terror ha sido siempre muy delgada. En 1981 carteles de narcotraficantes en Cali anunciaron en la prensa local la creación de grupos armados que combatirían la “delincuencia” y matarían a los familiares de quienes atacaran los secuestros de “empresarios”. Durante los años setenta estos múltiples conjuntos paramilitares se asociaron en entidades regionales, la mayoría de ellos directamente asociado y financiado por la economía clandestina. En abril de 1997 se creó una entidad nacional centralizada, llamada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentándose como confederación política–militar como antítesis de las organizaciones guerrilleras. Las AUC se presentaron también con portavoces políticos y militares mediante sus líderes. Como Carlos y Fidel Castaño, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez. Su coexistencia pacífica con las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de la policía, siempre han sido tema de controversias. En efecto, las fuerzas paramilitares, servían como instrumento por excelencia para combatir la fuerza guerrillera , aunque también como un instrumento irregular. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de la policía funcionarían de manera nítida en el ambiente formal del orden y la ley.

Evitando discrepancias
Es interesante saber que los combates directos con la guerrilla han sido relativamente escasos. En general las dos fuerzas evitaron confrontaciones entre si, limitándose a operar dentro de “sus” territorios y atacando solamente fuerzas de adversarios menores o preparando emboscadas. Buena parte de las actividades de las AUC estaba dedicada a la economía subterránea, como el tráfico de drogas, de armas o en el contrabando. En vez de enfrentarse frontalmente con la guerrilla seguían desarrollando operaciones de pequeña escala pero de carácter continuo, como los secuestros o la extorsión a pequeños comerciantes y empresarios. Gracias a su inserción dentro de la economía clandestina han adquirido propiedades de tierras agrícolas y ganaderas, en un proceso de contra reforma agraria. Es asunto controvertido es el grado de influencia o de infiltración en las fuerzas del orden, especialmente en el DAC, el equivalente colombiano de la CIA.

Además, se estima que los líderes paramilitares también utilizan la influencia política, directa o indirectamente, habiendo mantenido un buen número de municipios bajo control en “sus” regiones y pudiendo contar con gobernadores, alcaldes y diputados.(1)

Se sospecha –en base a informes periódicos de instituciones de Naciones Unidas y de ONGs de protección de los derechos humanos- que las AUC y las asociaciones paramilitares regionales y locales en las décadas anteriores, también han contribuido en asesinatos políticos de civiles considerados “adversarios”, ya sea por simpatía con la guerrilla o por no compartir una “ideología correcta”. También los refugiados de guerra fueron perseguidos como “aliados de la guerrilla”. Según fuentes oficiales de parte del gobierno, el 79% de los muertos y desaparecidos de la población civil víctimas de la guerra entre 1993 y 2000 viene por cuenta de las fuerzas paramilitares; el 16% se debería a las actividades de la guerrilla y 5% a las de las fuerzas del orden.(2)

Durante la primera presidencia de Uribe (2002 – 2006), que como gobernador de Antioquia había apoyado los paramilitares en la alianza con terratenientes, ganaderos y empresarios regionales, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de desmovilización con las AUC en 2003. Oficialmente, hasta diciembre de 2006 unos 30,000 efectivos (soldados miembros y sus comandantes) fueron desmovilizados, mientras que anteriormente se había estimado que la membresía de las AUC tenía un tope de unos 15,000 efectivos.(3)

Gran parte de los integrantes consiguió un empleo por las armas en las numerosas bandas de “protección”, asaltantes y sicarios en el país. Mientras tanto los (ex-) comandantes paramilitares están consolidando su influencia política y económica